Caracas, VENEZUELA (Agencia Fides, 03/04/2017) – “El bloqueo a la Asamblea Nacional persiste.
Me sigue preocupando que el país se encuentre en estado de excepción
con respecto a asuntos de materia económica, desde hace aproximadamente
un año. Esto no es normal. Ni otras medidas, como la cancelación del
referéndum revocatorio, que no se haya resuelto el problema de los
diputados de Amazonas, que se hayan pospuesto las elecciones de
gobernadores. Todo esto configura una situación de dictadura” dijo ayer
el Cardenal Jorge Urosa Savino, Arzobispo de Caracas, poco después del
Ángelus dominical en el que el Papa Francisco recordó la grave situación
con estas palabras: “Sigo con gran atención lo que está ocurriendo en
Venezuela y Paraguay. Rezo por aquellas poblaciones, muy queridas para
mí, e invito a todos a perseverar sin descanso, evitando cualquier tipo
de violencia, en la búsqueda de soluciones políticas”.
Según la información recibida en la Agencia Fides, la iglesia en
Venezuela continua a denunciar cada situación de injusticia. El Card.
Baltazar Porras, Arzobispo de Mérida, declaró ayer: “Las correcciones a
las sentencias son retoques cosméticos que no resuelven en absoluto la
situación porque siguen las medidas que cercenan la Asamblea
Nacional como poder autónomo y confunden a la población. Para nosotros
continúa vigente la solicitud del cardenal Parolin, hecha el año pasado,
para que vuelva la vigencia plena del Parlamento. Este es un reclamo
universal de muchos países”.
El Card. Porras ha subrayado que la falta de soberanía popular y el negar la participación de cualquier grupo que disienta del poder central es reprochable desde el punto de
vista ético moral. “De continuar, esto – ha subrayado -, puede ser una
invitación al caos y al desorden y provocar un baño de sangre
innecesario. Si hay razones para desconocer al Legislativo, es el pueblo
quien tiene que decidirlo. En este momento las necesidades reales de la
gente son la falta de alimentos y de medicinas”.
Según las últimas noticias, para el Parlamento del Venezuela, controlado
desde 2015 por la oposición, es insuficiente la anulación por parte de
la Corte suprema (TSJ) de las sentencias con las cuales había
desautorizado a la misma Asamblea Nacional y abolido la inmunidad
parlamentaria de los diputados,
mientras tanto la situación humanitaria es gravísima y la tensión social
crece cada vez más.