Manila, FILIPINAS (Agencia Fides, 12/04/2021) – “Las comunidades católicas están verdaderamente indignadas, deploran las innumerables violaciones de los derechos humanos y las ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas gubernamentales y estigmatizan la cultura de la impunidad que prevalece en nuestro país. Así lo afirma el padre Aris Miranda, sacerdote filipino de los Camilos, en una reunión celebrada en línea entre varias asociaciones de defensa y vigilancia de los derechos vulnerados en Filipinas. Las asociaciones, entre las que se encuentran muchas comunidades católicas, forman parte de una amplia coalición internacional que vigila, denuncia y alza la voz contra los asesinatos de personas, líderes indígenas, abogados, activistas que continúan, por parte de la policía. Muchos de estos líderes son etiquetados como “rebeldes comunistas” y eliminados bajo ese pretexto.
En los últimos días Mons. Gerardo Alminaza, obispo de San Carlos, en un
llamamiento público para poner fin a la cultura de la impunidad, ha
sostenido la aprobación de un proyecto de ley redactado por varios
parlamentarios que castigara el “red-tagging”, la práctica de etiquetar a
personas u organizaciones críticas con el gobierno de Duterte como
“terroristas” o “comunistas” y exponerlas a ejecuciones extrajudiciales.
El proyecto de ley nº 2121 del Senado, conocido como “Act Defining and
Penalizing Red-tagging”, (Ley de definición y penalización del
Red-tagging”, castiga a los culpables de este crimen con penas de
prisión de al menos 10 años. La legislación, ha dicho el obispo, debe
tutelar la libertad de expresión y protege a los que critican a la
administración Duterte de los registros, secuestros y asesinatos.
El p. Miranda, miembro de “Promotion of Church People’s Response” (PCPR)
y la red de asociaciones que incluye, entre otras, la Comisión
Internacional de Derechos Humanos en Filipinas (International Commission
of Human Rights in the Philippines - ICHRP), el Movimiento Ecuménico
por la Justicia y la Paz (Ecumenical Movement for Justice and Peace),
recuerdan el asesinato de nueve activistas filipinos, muertos en una
redada policial simultánea el 7 de marzo, justo dos días después de que
el presidente Rodrigo Duterte hiciera un nuevo llamamiento para eliminar
a los “combatientes comunistas en Filipinas”. La incursión tuvo lugar
en las provincias sureñas de Luzón (Laguna, Batangas, Cavite y Rizal).
Los asesinados y detenidos fueron etiquetados como simpatizantes o
reclutadores del Nuevo Ejército del Pueblo, el brazo armado del Partido
Comunista de Filipinas. “Pero - recuerda el Camilo -, no son miembros
del grupo comunista. Las organizaciones de derechos humanos locales e
internacionales, incluidas las Naciones Unidas, llevan tiempo subrayando
que todo esto es una incitación a la violencia”.
“Pedimos - dice el padre Miranda a la Agencia Fides - que se libere a
todos los detenidos y que el Congreso y la Comisión de Derechos Humanos
(CDH) realicen una investigación independiente y creíble sobre las
redadas simultáneas para identificar a los responsables. También
queremos que el Tribunal Supremo tome medidas inmediatas para impedir
que haya más órdenes de registro u otros medios judiciales para
silenciar a los activistas, disidentes políticos y críticos con el
gobierno. Además, pedimos al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y a
la Corte Penal Internacional que se ocupen de estos casos, mientras que
el Grupo de Trabajo creado para poner fin al conflicto armado debe ser
abolido y la ley de terrorismo dirigida por Duterte debe ser eliminada”.
El 7 de marzo, 9 activistas fueron asesinados y otros 6 fueron
detenidos, señala Luciano Seller, de la “Asociación de Amistad
Italia-Filipinas”, una de las asociaciones europeas que participaron en
la reunión en línea. Seller, que es el portavoz, explica a Fides que el
Comité, que lucha por una paz justa en Filipinas, “pide al Parlamento
italiano que promueva una acción de la Unión Europea para la reanudación
de las conversaciones de paz entre el gobierno filipino y el Frente
Democrático Nacional de Filipinas, interrumpidas por el gobierno de
Duterte”.
