Tensiones y violencia entre indígenas y agricultores, a pesar de la ley de 1977

San José, COSTA RICA (Agencia Fidess, 22/03/2019) – Las autoridades costarricenses están investigando el asesinato del activista indígena Sergio Rojas, perteneciente al pueblo Bribri, un grupo étnico que mantiene un vivo conflicto de territorios con los agricultores de la zona. En la tarde del 18 de marzo, Rojas fue asesinado a tiros por dos individuos que escaparon. El conocido defensor de su grupo étnico ya había denunciado un intento de violencia homicida. En estos días, cientos de personas salieron a las calles para denunciar el asesinato que creen que podría haberse evitado fácilmente.

La nota enviada a Fides informa que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado al gobierno que brinde protección a las personas que pertenecen a grupos étnicos, especialmente a Bribri y Teribe, ya que están en riesgo debido a las medidas adoptadas para recuperar sus tierras.

El conflicto entre los indígenas y los terratenientes viene de lejos, especialmente para la comunidad de Salitre, pero en los últimos años la violencia ha crecido mucho. Mientras que los nativos dicen que estas tierras les pertenecen según la historia y la tradición, los agricultores afirman ser los propietarios por ley y los nativos tratan de ocupar ilegalmente sus tierras.

La ley indígena costarricense de 1977 prohíbe la venta de tierras indígenas, pero no aclara qué hacer en los casos en que la tierra dentro de las reservas fuera cultivada por los agricultores antes de esa fecha. La Iglesia Católica, a través de la Comisión Pastoral Indígena, ha denunciado repetidamente la violencia contra estos pueblos. Después del último episodio violento, ocurrido el 25 y 26 de diciembre de 2018, varios grupos de derechos humanos publicaron una declaración en apoyo a los pueblos indígenas, quienes fueron atacados en ausencia de la aplicación de la ley. El último informe de la Universidad de Costa Rica sobre el tema indica que esta población está cada vez más abandonada por el gobierno y los servicios básicos que ofrece el estado.

Según los últimos datos del censo, actualizados por organismos estatales, "en Costa Rica se han reconocido formalmente 24 territorios indígenas, que son inalienables, inalienables, intransferibles y exclusivos para las comunidades indígenas que los habitan". Sin embargo, actualmente un porcentaje muy alto de la tierra está en manos de poblaciones no indígenas: hay casos críticos, como Térraba y Zapatón, territorios donde los propietarios no indígenas superan el 85%.

El principal problema radica en el hecho de que el Estado no ha llevado a cabo ningún proceso de recuperación de tierras indígenas, según lo establece la ley indígena de 1977. Fides recuerda las palabras de Mons. Javier Román, Obispo de la Diócesis de Limón, en Costa Rica: la situación de los pueblos indígenas en Costa Rica es triste y grave, porque se quedan sin protección de las autoridades. Los problemas y las consecuencias de las tragedias ambientales han extinguido las pocas esperanzas de muchas personas en lugares donde la asistencia del gobierno no llega o está completamente ausente.