Manila, FILIPINAS (Agencia Fides 24/06/2021) – “Toda persona es preciosa en cuanto creada a
imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, nos oponemos firme e
inequívocamente a los intentos del actual Congreso de restablecer la
pena de muerte en nuestro sistema judicial. Creemos que la pena de
muerte viola la dignidad inherente a la persona. Ninguna persona, por
muy malvada que sea, está más allá de la posibilidad de redención”, así
lo afirma un mensaje de la Comisión de Pastoral Penitenciaria de la
Conferencia Episcopal de Filipinas uniéndose a la “Coalición contra la
Pena de Muerte” para celebrar el 15º año de la abolición de la pena de
muerte en Filipinas. El mensaje, publicado hoy, 24 de junio, y recibido
en la Agencia Fides, está firmado por Mons. Joel Baylon, obispo de
Legazpi y presidente de la Comisión para la pastoral penitenciaria. En
el texto se señala: “Sostenemos que para ninguna persona es imposible
una reforma de vida. Toda persona merece una segunda oportunidad
para corregir sus errores. El Papa Francisco, en sus enseñanzas, ha
subrayado constantemente que quitar la vida es inadmisible”.
Oponiéndose al plan de re-instaurar la pena capital en el sistema
judicial filipino, el texto señala que “la pena de muerte afectará
principalmente sólo a los pobres. Las experiencias pasadas muestran que
la mayoría de los que recibieron la pena de muerte eran personas
indigentes y pobres que simplemente no podían permitirse una
representación legal de calidad para defenderlos ante los tribunales”.
La pena de muerte, continúa el mensaje, “no puede funcionar en un
sistema de justicia tan defectuoso como el nuestro. Una vez ejecutada,
la sentencia de muerte es irreversible y no hay posibilidad de
rectificar una sentencia errónea”. La Iglesia católica sigue afirmando
“la opción fundamental por la vida y pedimos al Estado que apruebe leyes
que hagan que el sistema de justicia penal sea más reparador y no
simplemente punitivo”.
De cara a las elecciones generales del próximo año, la Comisión reitera:
“Instamos a los votantes, en particular a nuestros jóvenes, a elegir a
personas que sirvan a la nación con justicia, defiendan la causa de la
vida y combatan la actual cultura de la muerte”.
Filipinas fue el primer país asiático en abolir la pena de muerte en su
Constitución de 1987, pero la medida se reintrodujo en 1993, durante el
gobierno del Presidente Fidel Ramos, para hacer frente a los crecientes
índices de criminalidad. En 2006 se aprobó una nueva abolición, cuando
la entonces presidenta Gloria Macapagal-Arroyo firmó una ley que
convertía la cadena perpetua en la pena máxima del sistema.
Sin embargo, tras su elección en mayo de 2016, el presidente Rodrigo
Duterte apoyó públicamente la reintroducción de la pena de muerte. El 7
de marzo de 2017, la Cámara de Representantes votó abrumadoramente a
favor de un proyecto de ley a tal efecto. En el Senado, sin embargo, el
proyecto se paró debido a la oposición de los senadores.
El gobierno filipino no ha abandonado la idea y ha seguido estudiando proyectos de ley para reinstaurar la pena de muerte. En 2020, el presidente Rodrigo Duterte aprovechó su "Discurso sobre el Estado de la Nación" para pedir la pena capital por inyección letal para delitos de drogas o crímenes atroces, y el debate sobre la posible reintroducción sigue en marcha.
Cabe señalar que Filipinas ratificó tanto el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) en 1986 como su Segundo Protocolo
Facultativo destinado a abolir la pena de muerte (PIDCP-OP2) en 2007.
