Mandalay, MYANMAR (Agencia Fides, 18/06/2021) – “Hay un gran desánimo y tristeza. Vivimos con
mucha preocupación por la violencia que continúa y por la guerra civil
que se extiende. El episodio de la destrucción de la aldea de Kin Ma, en
el municipio de Pauk, ha dejado a todo el mundo conmocionado y atónito.
La nación necesita paz y la población civil está sufriendo mucho”, dice
a la Agencia Fides el padre Peter Htwal Sei Myint, sacerdote católico
de la arquidiócesis de Mandalay, centrándose en el grave episodio
ocurrido el 15 de junio en el territorio de la diócesis. Tras los
enfrentamientos con grupos de opositores, las fuerzas de seguridad de
Myanmar incendiaron la aldea de Kin Ma, donde vivían unas 800 personas,
dejando unas 200 casas reducidas a montones de escombros. La mayoría de
los aldeanos huyeron y se escondieron en los bosques cercanos. Según los
propios habitantes del pueblo, situado en la región de Magway, dos
ancianos que no pudieron escapar fueron quemados vivos.
“El ejército culpa a los grupos de resistencia de las Fuerzas de Defensa
del Pueblo, pero la población acusa al ejército de ejercer la violencia
sobre los civiles también en otros episodios. Es una situación muy
grave y dolorosa la que vive nuestro país. Rezamos y pedimos a todas las
partes implicadas que respeten la dignidad humana y preserven a los
débiles y vulnerables”, señala el sacerdote.
Thin Ling Aung, representante del Comité de Representación de la
Pyidaungsu Hluttaw (CRPH), el parlamento birmano en el exilio, ha
calificado esta acción como un “crimen de guerra”, y ha dicho que el
CRPH presentaría una denuncia en los foros internacionales
correspondientes. El abogado birmano Kyi Myint por su parte, ha añadido
que “los militares están cometiendo ataques inhumanos contra los
civiles”.
En un comunicado emitido hoy, 18 de junio, la oficina de la ONU en
Myanmar ha expresado su “preocupación por la escalada de violaciones de
los derechos humanos” en el país, citando los abusos cometidos por ambas
partes, y ha lanzado un llamamiento a “todos los actores de la crisis
actual para que garanticen el respeto de las normas internacionales de
derechos humanos”. “Esto incluye el cumplimiento de la obligación de
minimizar los daños colaterales a la población civil y a las
infraestructuras civiles y la prohibición de aplicar castigos colectivos
contra comunidades, familias o individuos”, afirma la oficina de la
ONU. La declaración pide que “los responsables de las violaciones de los
derechos humanos rindan cuentas, incluidos los autores y su cadena de
mando”.
El gobierno y sus opositores se llaman recíprocamente “terroristas”. Lo
que inicialmente había sido un “movimiento de desobediencia civil” no
violento ha evolucionado hasta convertirse en una incipiente fuerza de
resistencia armada en respuesta a la dura represión del ejército, que ha
matado a cientos de manifestantes pacíficos.
