Nueva York, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (Agencia Fides, 05/06/2021) - El Gobierno birmano de Unidad Nacional
(NUG), “el ejecutivo en la sombra” creado en el extranjero el pasado mes
de abril para contrarrestar el golpe de Estado del 1 de febrero, ha
formalizado una nueva política hacia los rohingya, la minoría musulmana
expulsada, entre 2016 y 2017, del estado birmano de Rakhine, al otro
lado de la frontera con Bangladesh. La nueva política del gobierno - que
sigue reconociendo a Aung San Suu Kyi como su líder -, se hizo oficial
ayer, 4 de junio, y lleva el nombre de “Policy Position on the Rohingya
in Rakhine State” (Posición política sobre los rohingya en el estado de
Rakhine). La nueva postura, contraria a la de todos los gobiernos
anteriores, ha sido explicada a la prensa internacional por el
viceministro de Asuntos Exteriores, U Moe Zaw Oo, y el portavoz del NUG,
Salai Maung Taing, conocido como “Dr. Sasa”.
Con la nueva política, el nuevo gobierno en la sombra reconoce tanto los
derechos de los rohingya como las atrocidades que han tenido que
soportar en el pasado y señala un cambio sin precedentes en un país en
el que estaba incluso prohibido pronunciar el nombre de la comunidad,
sustituido por el de “inmigrantes ilegales bengalíes”. “Buscaremos
activamente la justicia y la rendición de cuentas por todos los crímenes
cometidos por los militares contra los rohingya y todos los demás
pueblos de Myanmar a lo largo de nuestra historia”, se lee en el
comunicado del gobierno, recibido por la Agencia Fides, en el que el
ejecutivo también se compromete con la justicia internacional: “Tenemos
la intención, si es necesario, de iniciar procesos para otorgar a la
Corte Penal Internacional la jurisdicción sobre los crímenes cometidos
en Myanmar contra los rohingya y otras comunidades”. Hasta ahora,
Naypyidaw siempre lo ha negado.
Por último, el NUG se compromete públicamente a abolir el proceso de la
Tarjeta de Verificación Nacional, (National Verification Card process),
un sistema coercitivo que exige a los rohingya identificarse como
“extranjeros”. Pretende garantizar los derechos de ciudadanía basados
“en el nacimiento en Myanmar o en el nacimiento en cualquier lugar como
hijo de ciudadanos de Myanmar” y fomentar la “repatriación voluntaria,
segura y digna” de los refugiados rohingya que están fuera del país (más
de un millón sólo en Bangladesh). Por último, el NUG invita “a los
rohingya a unirse a nosotros y a otros para participar en esta
revolución de primavera contra la dictadura militar de todas las formas
posibles”.
Por el momento no hay rohingya en el nuevo gobierno, a quienes el
portavoz del gobierno ha calificado de “hermanos y hermanas”. Pero la
nueva política, instada por varios países, debería allanar ahora el
camino para su presencia en el ejecutivo formado el 16 de abril por
varios diputados elegidos en noviembre y destituidos por el golpe
militar dado por el Tatmadaw, el ejército birmano dirigido por Min Aung
Hlaing. El ejecutivo está formado por 26 ministros y cuatro dirigentes,
entre ellos la consejera de Estado Aung San Suu Kyi y el presidente Win
Myint (ambos bajo arresto).
Mientras tanto, siguen llegando informes de violencia indiscriminada
desde Myanmar (donde han muerto más de 800 personas y 4.500 han sido
detenidas por actividades de protesta), sobre todo desde el estado de
Kayah, donde los bombardeos han marcado la última semana. Un sacerdote
de una de las siete parroquias católicas de la diócesis de Loikaw
(Demoso, Dongankha, Tananukwe, Donganrao, Domyalay, Kayantharya y
Loilemlay) confirma a la Agencia Fides que la gente ha abandonado los
pueblos: “Todos los fieles se han ido - explica el sacerdote que pide el
anonimato por razones de seguridad - y yo mismo he tenido que buscar
refugio en las montañas desde hace dos semanas. Muy pocos han optado por
permanecer en sus casas”.
