miércoles, 11 de agosto de 2021

Mons. Lascarro Tapia pide al estado que proteja a las comunidades que huyen de la violencia

Magangué, COLOMBIA (Agencia Fides, 11/08/2021) - El obispo de Magangué, Mons. Ariel Lascarro Tapia, denunció la violencia en el sur del departamento de Bolívar provocada por enfrentamientos entre grupos armados por el control de la zona.
 

Los enfrentamientos provocaron varias muertes y el desplazamiento de al menos 900 personas en las cabeceras municipales, es decir, en los municipios de Santa del Sur y Montecristo, sin olvidar el clima de angustia y angustia que se percibe entre los habitantes de estas localidades. Hasta el momento no se ha podido establecer el número exacto de personas desplazadas porque con el tiempo cada vez son más las familias que huyen de la violencia.
 

Ante la grave situación, el prelado dirigió un llamamiento urgente al gobierno nacional y a las autoridades para que piensen en este territorio que desde hace más de 50 años está devastado por los conflictos y para el envío urgente de ayuda a las familias desplazadas.
 

En el video enviado a la Agencia Fides, Monseñor Lascarro reitera la urgencia de encontrar una solución al conflicto que permita el regreso de las familias desplazadas a sus territorios de origen y que garantice el respeto de sus derechos fundamentales, en particular el derecho a la vida y al trabajo digno.
 

El obispo reiteró el decidido apoyo de las comunidades afectadas por la violencia, animándolas en particular a no abandonar sus territorios y a perseverar en la reivindicación de los derechos reconocidos por la Constitución nacional y que el Estado debe garantizar en la práctica.

Estas familias huyen de los enfrentamientos entre el Grupo Armado Organizado Estructura 37 (GAO E-37), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el clan del Golfo tratando de controlar este territorio donde hay varias minas y es atravesado por las rutas que permiten el transporte. de pasta de coca.
 

La orografía del territorio hace que una familia tenga que caminar de 10 a 15 horas para llegar a una mina, cosa que permite la acción de los grupos armados. En los últimos días ya se han cometido 10 asesinatos selectivos, el más llamativo de los cuales es el de Edwin Emiro Acosta Ochoa, reconocido jefe de la comunidad minera, asesinado en el municipio de Tiquisio.


Las familias desplazadas provienen de la sierra de San Lucas y de los municipios que pertenecen a la cadena minera formada por las minas de Piojó, Repollo, Chocó y Mina Central.