Seúl, COREA DEL SUR (Agencia Fides, 05/12/2018) - Durante el Adviento, la Iglesia católica de Corea
del Sur ha vuelto a lanzar su campaña para abolir la pena de muerte en
el país. Como la Agencia Fides pudo conocer, la Comisión Justicia y Paz
de los obispos coreanos ha llamado a todos los fieles y a todos los
ciudadanos de buena voluntad a firmar una petición destinada al Gobierno
coreano para que revoque la pena de muerte del sistema legal nacional.
Esta es la cuarta vez que la iglesia Católica en Corea participa
activamente en una campaña de firmas para abolir la pena de muerte y la
condena perpetua.
La petición fue firmada, simbólicamente, por el cardenal Andrew Yeom
Soo-jung, arzobispo de Seúl; el arzobispo Igino Kim Hee-joong,
presidente de la Conferencia EpiscopalO y muchos otros líderes
católicos. Ha sido difundida por todas las diócesis y parroquias
católicas, invitando a los fieles a firmar después de asistir a la misa
dominical. El objetivo es concluir la nueva recogida de firmas antes del
31 de diciembre y remitir la petición a la 20ª Asamblea Nacional.
En los últimos años se han presentado al Parlamento coreano siete
iniciativas especiales para abolir la pena de muerte. De hecho, la
Iglesia católica de Corea entregó firmas al Congreso en 2005, 2008 y
2012 y esta última petición contó con la adhesión de más de 85.000
personas y de todos los 26 obispos coreanos.
La Iglesia coreana ha decidido relanzar la campaña abolicionista
siguiendo las instrucciones del Papa Francisco que, en los últimos
meses, ha cambiado la regla del Catecismo de la Iglesia católica sobre
la pena de muerte, que ahora dice: "La Iglesia enseña, a la luz del
Evangelio, que la pena de muerte es inadmisible porque atenta contra la
inviolabilidad y dignidad de la persona, y se compromete con
determinación a su abolición en todo el mundo" (n. 2267 del Catecismo de
la Iglesia Católica).
Corea del Sur está clasificada como un " país abolicionista de facto",
visto que la última ejecución capital tuvo lugar en 1997, aunque la pena
de muerte sigue estando técnicamente en vigor para castigar delitos
graves.