Jiaoxi, TAIWÁN (Agencia Fides, 19/02/2019) - En Taiwan ha surgido un enfrentamiento entre
las autoridades locales y las comunidades cristianas con respecto a la
propiedad y el uso de los activos eclesiásticos. El caso más reciente
surgió spbre de la parroquia dedicada a San José Obrero, en la ciudad de
Jiaoxi, en la parte norte del condado de Yilan. Allí, los feligreses y
sacerdotes vicencianos de la Congregación de la Misión se están
movilizando para oponerse al proyecto de expropiación y al cambio en el
uso del complejo parroquial proyectado por las autoridades locales.
La disputa surgida tiene un origen complejo. La iglesia fue construida
por misioneros vicencianos holandeses en 1955, en un área con arrozales y
cerca de un manantial natural. En 1971, los padres vicencianos también
construyeron un centro para el cuidado de niños afectados por la
poliomielitis, equipado con una piscina para la rehabilitación de los
enfermos. En los años noventa, con la propagación de las vacunas contra
la poliomielitis y la consiguiente disminución progresiva de los casos,
esa estructura de asistencia cayó en desuso y los padres vicencianos no
han podido rehabilitarla, también debido a las estrictas regulaciones
administrativas que regulan las actividades sociales.
A día de hoy, el padre Ferdinand Labitag, jefe de la Provincia China de
la Congregación de la Misión, explica a la Agencia Fides que el Centro
de Rehabilitación de San Vincente está en un estado de abandono. Antes
de que el antiguo sacerdote de la parroquia holandesa se retirara y
regresara a su tierra natal, algunas personas con intereses en la zona
redactaron un proyecto para que las autoridades locales reconocieran
este complejo como “lugar de interés histórico y cultural”. Los
arquitectos de este proyecto también lograron que el sacerdote holandés
firmara algunas cartas y documentos para apoyar la iniciativa. Pero solo
en 2017, la Provincia China de la Congregación de la Misión recibió de
la Oficina de Gobierno Cultural e Histórico la comunicación formal de
que el proceso estaba en marcha para reconocer a todo el complejo como
un sitio de interés histórico. La fecha límite para la decisión de la
Comisión a cargo de deliberar sobre el caso se extendió hasta
junio de 2019. Y los intentos de los padres vicencianos de demoler y
reestructurar parcialmente los edificios en ruinas del complejo (también
con la intención de prevenirlos de la expropiación por parte de las
autoridades civiles) han sido bloqueados.
Si el lugar es reconocido como un sitio de interés histórico nacional,
su gestión pasará exclusivamente en manos de instituciones públicas. Los
feligreses y los padres vicencianos temen que sea imposible usar esa
zona para renovar las estructuras que ahora se están cayendo de acuerdo
con el proyecto de desarrollo preparado por la Congregación de la Misión
que desea usarlo para actividades pastorales o de beneficencia. Por
este motivo, han decidido continuar con la movilización hasta el 5 de
junio con la esperanza de convencer a las autoridades gubernamentales de
que renuncien al plan de expropiación. Se están produciendo intentos
similares de expropiación de bienes eclesiásticos por parte de las
autoridades políticas y administrativas de Taiwán, según asegura a Fides
el padre Labitag.
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