Nueva Delhi, INDIA (Agencia Fides, 27/07/2021) - En el primer semestre de 2021 (de enero a
junio) se han documentado 145 casos de violencia contra los cristianos
en la India: según informa en una nota enviada a la Agencia Fides la
Comisión para la Libertad Religiosa (Religious Liberty Commission)
dentro de la “Evangelical Fellowship of Indian” (EFI), entre los 145
episodios también hay tres asesinatos. Los casos se exponen y documentan
en el informe titulado “Hate and targeted violence against Christians
in India - semestrale report 2021”, publicado el 23 de julio por la
Comisión de Libertad Religiosa de EFI. “Es chocante que los incidentes
se hayan producido justo cuando el país se ha visto de nuevo afectado
por la segunda oleada de la pandemia, que ha afectado sobre todo a las
ciudades metropolitanas, incluida la capital nacional, Nueva Delhi”,
afirma en la nota el reverendo Vijayesh Lal, secretario general de la
Fellowship of India's Religious (EFI).
La violencia detallada en el Informe enviado a la Agencia Fides, se
refiere, entre otros, a 3 asesinatos, 22 ataques a Iglesias, 20 casos,
en zonas rurales, de ostracismo o boicot social hacia familias que se
han negado a renunciar a su fe cristiana. Le siguen las amenazas de las
falsas acusaciones de conversiones, así como las historias de exclusión
social y discriminación por motivos religiosos.
Según el informe, en términos de distribución geográfica, Madhya Pradesh
encabeza la lista con 30 casos. El estado, que cuenta con vastas zonas
de bosque donde viven los adivasis, o tribales, ha sido uno de los
primeros en promulgar "leyes anti-conversión". El estado vecino de Uttar
Pradesh ha llegado a registrar 22 casos, mientras que los estados de
Karnataka y Chhattisgarh, también polarizados por una década de campañas
políticas de división religiosa, registran 14 y 13 casos cada uno.
El incidente más extraño tuvo lugar el 19 de marzo de 2021 en Jhansi, Uttar Pradesh, cuando cuatro religiosas católicas de la Sociedad del Sagrado Corazón fueron detenidas cuando se dirigían de Delhi al estado de Odisha. El incidente ocurrió cuando el tren en el que viajaban se detuvo en la estación de tren de Jhansi. Un grupo de extremistas religiosos, que regresaba de una peregrinación, las acusó de llevar a cabo conversiones religiosas no autorizadas. La policía llegó al lugar y detuvo a las mujeres sin prestar atención a su versión de los hechos. Unos 150 miembros de organizaciones radicales nacionalistas hindúes acompañaron a las mujeres en una procesión hasta la comisaría. Las monjas aterrorizadas fueron liberadas a las 11.30 p.m. después de que la intervención de líderes y organizaciones de la sociedad civil convenciera a la policía de que las monjas eran inocentes y tenían documentos creíbles para probar su historia, señala el reverendo Lal en la nota. “La violencia contra los cristianos en la India se deriva de un clima de odio selectivo. La traducción del odio en violencia está provocada por la sensación de impunidad generada en el aparato administrativo indio”, continúa el reverendo.
La COVID-19, que ha tenido un grave impacto en la recopilación de datos,
en las investigaciones básicas e incluso en la solidaridad con las
víctimas en las aldeas remotas, parece haber proporcionado a la policía
una estratagema para no registrar los casos: la policía se ha mostrado
generalmente reacia a registrar los casos de violencia contra los
cristianos. El acceso a los tribunales para obtener justicia también ha
sido limitado. La violencia también se ha visto facilitada por la
ausencia de la sociedad civil en las calles, ya que los activistas no
han podido salir a las calles debido a las restricciones y bloqueos
provocados por Covid.
El acontecimiento más alarmante ha sido la expansión de las infames
"Leyes de Libertad de Religión", conocidas popularmente como "leyes
anticonversión". Antes aprobadas y aplicadas en siete estados indios,
ahora se han extendido a varios estados gobernados por el Partido
Bharatiya Janata. Estas leyes se dirigen a las minorías cristianas y
musulmanas, en este último caso con el pretexto de frenar la "Love
Jihad".
Se trata de un término acuñado hace unos años para demonizar los
matrimonios entre hombres musulmanes y mujeres no musulmanas, en
particular las pertenecientes a las castas superiores hindúes. Las leyes
castigan aparentemente las "conversiones religiosas forzadas o
fraudulentas", pero en la práctica sirven para criminalizar todas las
conversiones, especialmente en las zonas no urbanas.
Uttar Pradesh se ha convertido en el octavo estado indio en aprobar una
ley anti-conversión. Leyes similares están en vigor en los estados de
Odisha, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Gujarat, Himachal Pradesh,
Jharkhand y Uttarakhand. Los estados de Arunachal Pradesh y Rajastán han
aprobado leyes anti-conversión que no están en vigor por diversos
motivos, mientras que Tamil Nadu ha aprobado y posteriormente derogado
una ley anti-conversión.
Los activistas cristianos temen que la tendencia a ampliar las leyes
anti-conversión sea un paso hacia la ley y “para controlar lo que se
denomina proselitismo de los misioneros, para cristianizar a los dalits,
a los tribales y a otras personas de las zonas rurales, de las pequeñas
ciudades y de las barriadas urbanas”.
En respuesta a varias peticiones, el Tribunal Supremo de la India ha aceptado examinar la validez constitucional de las leyes promulgadas por Uttar Pradesh y Uttarakhand, pero ha dicho que las leyes deben ser impugnadas primero por el Tribunal Superior de los respectivos estados.
Campañas de grupos nacionalistas vinculados a la ideología del Hindutva
("hinduismo", que predica una India exclusivamente hindú) presionan para
presentar en el Parlamento una ley contra la conversión religiosa, que
se apruebe a nivel federal.
El EFI hace un llamamiento al gobierno de la India y a los respectivos
gobiernos estatales para que garanticen el estado de derecho y la
seguridad de las minorías religiosas en la India.
