Antioquia, COLOMBIA (Agencia Fides 22/07/2021) – Advertir sobre los efectos del agravamiento
del conflicto armado, mientras surge una disputa territorial entre el
Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Gaitanistas de
Colombia (AGC); Respetar el derecho internacional humanitario y "el
derecho a la paz": esto es lo que piden los misioneros de la Red de
Solidaridad Interreligiosa en las zonas de conflicto de Colombia, luego
de un informe lanzado por las Misioneras de la Madre Laura de la
Provincia de Medellín. El llamamiento urgente, dirigido a las
autoridades, destaca la difícil situación de las comunidades indígenas,
afroamericanas y campesinas del occidente del departamento de Antioquia,
Colombia. En el texto presentado, enviado a la Agencia Fides, los
misioneros señalan, entre los principales problemas, el reclutamiento de
menores, la instalación de minas antipersonal, amenazas a líderes y
comunidades, asesinatos selectivos, desplazamientos, confinamiento y
abuso sexual contra civiles.
Las organizaciones de la Red piden al Ejército de Liberación Nacional
(ELN) y a los diversos actores armados respetar el derecho internacional
humanitario y poner fin a la instalación de minas antipersonal, dadas
las graves consecuencias que esto conlleva para las víctimas de estos
artefactos. La comunicación anuncia la creación de una misión
humanitaria especial que se iniciará en los municipios de Dabeiba y
Frontino, con el objetivo de escuchar, acompañar y brindar apoyo moral a
las comunidades ante la crisis que atraviesan. Para ello, los
misioneros requieren la presencia de organizaciones de derechos humanos
nacionales e internacionales, como la Oficina del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Misión de
Verificación del Acuerdo de Paz de las Naciones Unidas en Colombia.
La situación en Antioquia parecía calmarse, pero en los últimos tiempos la violencia ha aumentado. La Iglesia Católica en muchas ocasiones ha pedido a las autoridades una presencia efectiva en esta zona, como lo hizo Mons.César Alcides Balbín Tamayo, obispo de la diócesis de Caldas en Antioquia, o como lo hicieron para el inicio de la Semana Santa 2021, los Obispos de las diócesis de Quibdó, Istmina-Tadó y Apartadó.
En esa Semana Santa, los obispos habían pedido a los grupos criminales
aceptar el llamado a la paz, con el fin de detener asesinatos, lesiones,
secuestros, extorsiones, encarcelamientos, desplazamientos,
reclutamiento de menores, amenazas y desórdenes que afectan a
comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinos. “Las
instituciones -escribieron los prelados- deben responder eficazmente al
grito de ciudadanía que exige derechos, seguridad y diálogo, y la
sociedad civil debe renunciar a cualquier actitud de indiferencia y
conformismo para contribuir de manera constructiva a las soluciones
requeridas”.
