Ciudad del Guatemala, GUATEMALA (Agencia Fides, 27/07/2021) - “La destitución fulminante del
fiscal Sandoval, según connotados hombres y mujeres de derecho, ha sido
ilegal y arbitraria. Recogemos el clamor ciudadano al percibir que este
hecho significa un evidente retroceso en la lucha por un eficiente
combate a la corrupción e impunidad, que tanto daño han hecho para el
desarrollo integral del país. Quienes se han alegrado ante la
destitución es porque se sienten seguros y cómodos cuando el régimen de
impunidad se consolida”. Así lo ha manifestado la Conferencia Episcopal
de Guatemala (CEG), en una nota firmada por el presidente de la CEG,
Mons. Gonzalo de Villa y Vásquez, arzobispo de Ciudad de Guatemala, y
por el secretario general, Mons. Antonio Calderón Cruz, obispo de
Jutiapa, fechada el 25 de julio.
Según informaciones recogidas por la Agencia Fides, el fiscal general
del estado, María Consuelo Porras, destituyó el 23 de julio al fiscal
especial contra la impunidad, Juan Francisco Sandoval, quien había
denunciado la falta de apoyo del gobierno y las trabas puestas en su
camino. Sandoval, conocido y apreciado internacionalmente, ha abandonado
el país al día siguiente, 24 de julio para no poner en peligro su
seguridad.
En su comunicado, los obispos reiteran que “la justicia pronta e
imparcial y la investigación del crimen son garantes de la libertad y la
democracia” y no hay mayor peligro de que las mafias se infiltren en
los órganos del Estado “De todos es sabido que el proceso de
administración de justicia en Guatemala tiene graves falencias, como
nosotros lo hemos señalado en numerosas ocasiones – escriben los obispos
- . El Ministerio Público es, por ley, el órgano del Estado encargado
de la investigación y persecución penal ante los delitos cometidos. En
los últimos años logró investigar hechos que anteriormente gozaban de
total impunidad, generando esperanza en la ciudadanía y aliviando a las
víctimas. En ello la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) ha
desempeñado un papel fundamental”.
Los obispos denuncian que “La abrupta destitución del fiscal Juan
Francisco Sandoval le ha hecho un daño irreparable al país”: los
importantes casos que llevaba se ralentizarán, la pérdida de
credibilidad del Ministerio Público es enorme, crecerá la indignación
ciudadana, aumentarán las protestas sociales y el nivel de
conflictividad y se complicará más el ya deficiente manejo de la
pandemia y el tortuoso proceso de vacunación.
“Como obispos – concluyen -, hacemos un llamado a todos los operadores
de justicia, a quienes están revestidos de autoridad en las diversas
instituciones del país para que se empeñen más en la búsqueda de
justicia, en construcción de la paz como bien mayor; a ser valientes en
reconocer sus errores y a no perder el horizonte del bien común como
expresión máxima del sentido del Estado de Guatemala”.
Según el Ministerio de Salud de Guatemala, hasta el 26 de julio, el
número de víctimas de Covid-19 en el país ascendía a 10.112, mientras
que el número de casos positivos desde que comenzó la pandemia en marzo
de 2020 ha alcanzado los 352.584. En cuanto a la vacunación, la misma
fuente señala que 1.423.602 personas han recibido la primera dosis y
303.303 la segunda. Según las organizaciones no gubernamentales, las
cifras de muertes y de personas contagiadas son muy inferiores a la
realidad. La población de Guatemala es de 17.698.000 habitantes.
