Lilongwe, MALAWI (Agencia Fides, 16/12/2021) - Es urgente escuchar "el grito del pueblo"
sobre el aumento del coste de la vida y la creciente pobreza: es el
llamamiento dirigido por la Comisión "Justicia y Paz", de la Conferencia
Episcopal de Malawi, al gobierno de este país. En una declaración
firmada por el coordinador nacional de la Comisión, el laico católico
Boniface Chibwana, titulada "Escucha el grito del pueblo; la llamada de
Moisés", se expresa una profunda preocupación por una serie de
cuestiones, entre ellas la crítica situación socioeconómica del país,
"que deja a muchos pobres sin esperanza y angustiados" y que, si no se
aborda, provocará la pérdida de confianza de la población en el
gobierno.
"La existencia de injusticias sociales perpetradas, toleradas o
desatendidas por los gobernantes es un insulto a los fundamentos de la
fe cristiana. La incapacidad de la mayoría de los malawianos para
satisfacer sus necesidades básicas va en contra del desarrollo social y
económico de nuestra sociedad; es una verdadera amenaza para la santidad
y la esencia de la vida humana. Dios espera que cualquier liderazgo
haga todo lo posible para promover la justicia social para el pueblo,
para sus criaturas. Cuando hay una grave injusticia en una sociedad hay
una grave violencia a los derechos y a la dignidad de las personas",
dice el texto recibido en la Agencia Fides.
En particular, la Comisión señala que "el aumento del coste de la vida
en el país es una amenaza para el disfrute de los derechos humanos
básicos". El comunicado continua: "Observamos que la situación puede ser
el resultado de fenómenos económicos globales que han afectado
negativamente al entorno macroeconómico nacional. A pesar de ello, el
gobierno está obligado a amortiguar y proteger a los pobres de estos
choques socioeconómicos. Dado que los niveles de pobreza siguen siendo
muy elevados en Malawi, el actual aumento del coste de la vida puede
sumir a muchos hogares en la pobreza extrema. Predicar simplemente
medidas de austeridad y pedir paciencia a la ciudadanía por parte del
gobierno es ignorar la dignidad humana y faltar a sus deberes. Es
lamentable que los mecanismos de protección social vigentes no incluyan
plenamente a los grupos marginados, como las personas con discapacidad,
los ancianos y los pobres de las ciudades".
Aunque aprecia los esfuerzos del gobierno en el sector de la sanidad
pública, la Comisión Episcopal señala que "la escasez de medicamentos en
los centros de salud pública es una trampa mortal en potencia, ya que
la mayoría de los malawianos dependen del sistema de sanidad pública,
fuertemente endeudado".
Los obispos también piden "despolitizar los programas que afectan a la
seguridad alimentaria en Malawi", ya que sirven para el sustento de
muchas personas y, por tanto, deben aplicarse y apoyarse adecuadamente,
con vistas a la protección social. En este contexto, se expresa la
preocupación por los retrasos en el suministro de maíz y productos
agrícolas y la escasa accesibilidad de las semillas para la mayoría de
los agricultores, en particular los que se encuentran en zonas remotas y
de difícil acceso.
Otro ámbito crítico, señala, es el de la adquisición de combustible,
"que conlleva un potencial afán de lucro y corrupción", y en el que
deben aplicarse criterios de "transparencia y responsabilidad".
En conclusión, la Comisión señala que el gobierno ha sido elegido
"porque sus promesas electorales daban a la mayoría de los malawianos la
esperanza de salir de los niveles deshumanizantes de pobreza", pero
ahora esa esperanza sigue viéndose muy lejos.
"Los ciudadanos ni siquiera saben hacia dónde va el país. Las recientes manifestaciones callejeras son una expresión de la desesperación de la gente, del sentimiento de haber sido traicionados y de la ira. Rogamos que, aunque los ciudadanos tienen el derecho y el deber de expresar su descontento con la actuación del gobierno, todo se desarrolle de acuerdo con las leyes del país" y de forma pacífica, imploran.
Los obispos además, instan al ejecutivo a establecer "mecanismos de
protección social inclusivos y transparentes para proteger a los pobres
de las dificultades socioeconómicas, para aliviarlos del deterioro
diario de sus condiciones de vida". Y piden que se tomen medidas
urgentes para hacer frente a "la creciente frustración y pérdida de
esperanza de los ciudadanos".
