Ankara, TURQUÍA (Agencia Fides, 07/12/2021) - El gobierno turco se dispone a dictar una nueva
normativa para la gestión administrativa de las fundaciones vinculadas a
comunidades confesionales no musulmanas, que desde hace años están
paralizadas por un impasse legislativo que bloquea de hecho la
renovación de sus respectivos órganos de gobierno.
En Turquía, la gestión de las fundaciones de las minorías afecta de
cerca a la vida de las comunidades cristianas locales, empezando por la
comunidad armenia. De hecho, a estos organismos se les confía la gestión
de los lugares de culto, los bienes inmuebles y las instituciones
públicas vinculadas a las distintas comunidades no musulmanas, incluidos
los judíos.
En los últimos días, Burhan Ersoy, director general de las Fundaciones,
ha confirmado que el proyecto de elaboración de un nuevo reglamento
relativo, sobre todo, a las elecciones para la asignación de puestos en
el seno de las Fundaciones ha llegado a su fin, y que el proyecto de
texto, ahora en estudio, se ha elaborado teniendo en cuenta las
peticiones y propuestas recibidas de las distintas comunidades
minoritarias. Se espera que la nueva normativa, tras obtener la
aprobación del Gobierno, pueda entrar en vigor en abril de 2022.
Las anteriores normas electorales para la alta dirección de las
fundaciones habían sido suspendidas en 2013, después de que el Gobierno
se comprometiera a establecer nuevos procedimientos y justificara la
medida con la intención declarada de hacer más funcional y transparente
la gestión de los bienes inmuebles confiados a organismos estatales. En
sus declaraciones a los medios de comunicación turcos, Ersoy señaló que
durante las consultas los representantes de las distintas comunidades
minoritarias no expresaron opiniones unánimes sobre los criterios que
deberían guiar la redacción de las nuevas normas electorales, y algunos
de ellos pidieron la simple restauración de los antiguos procedimientos
suspendidos en 2013. Por su parte, el cristiano ortodoxo sirio Süleyman
Can Ustabaşı, actual representante de las fundaciones no musulmanas en
la Asamblea de Fundaciones, ha pedido a las autoridades turcas que
celebren otra ronda de consultas con los representantes de las
comunidades minoritarias antes de finalizar y aprobar la versión final
de la nueva normativa.
El estatuto jurídico de las fundaciones sigue basándose en el Tratado de
Lausana, firmado en 1923 por Turquía y las potencias victoriosas
(Imperio Británico, Francia e Imperio Ruso). El tratado garantizaba a
las comunidades confesionales no musulmanas de Turquía la igualdad ante
la ley y la libertad de promover y gestionar "instituciones religiosas y
sociales".
A lo largo de las dos últimas décadas, Turquía ha afrontado y resuelto
un número creciente de cuestiones controvertidas relativas a la gestión y
el destino de los bienes incautados por el Estado sobre los que las
fundaciones reclamaban los derechos garantizados por el Tratado de
Lausana. Según datos oficiales facilitados por los aparatos turcos, y
recogidos por el periódico progubernamental Daily Sabah, unas 1.084
propiedades fueron devueltas a Fundaciones vinculadas a comunidades no
musulmanas entre 2013 y 2018, y 20 lugares de culto fueron entregados a
las mismas comunidades tras las renovaciones necesarias.
En el pasado, desde 1936, las disposiciones legislativas habían abierto
la posibilidad de que las fundaciones comunitarias no musulmanas
adquirieran nuevas propiedades. Luego, en 1974, esta garantía se anuló y
el Estado comenzó a embargar masivamente las propiedades adquiridas por
las fundaciones comunitarias no musulmanas desde 1936. Después del año
2000, las nuevas disposiciones emitidas de acuerdo con los paquetes de
armonización de Turquía para la adhesión a la Unión Europea facilitaron
la devolución a las Fundaciones de los bienes previamente incautados por
el Estado.
Recientemente, fue el propio presidente turco Recep Tayyip Erdogan quien confirmó -tras una reunión de su gabinete celebrada el lunes 25 de octubre- que las autoridades competentes habían incluido en el orden del día la cuestión de las elecciones de los directores y juntas directivas de las fundaciones vinculadas a las comunidades confesionales minoritarias, instrumentos fundamentales para la gestión de los bienes y recursos destinados a los lugares de culto no musulmanes. Como ya informó la Agencia Fides, el greco ortodoxo Laki Vingas, miembro del Consejo de Fundaciones, en un largo artículo publicado por el periódico armenio-turco Agos documentó los efectos negativos en la vida de las diversas comunidades eclesiásticas causados por el estancamiento legislativo en la cuestión del reglamento de las Fundaciones. El bloqueo en los procesos de renovación de los órganos de gobierno de las fundaciones -señaló Vingas- contribuye al proceso de alejamiento de los jóvenes de las instituciones vinculadas a sus propias comunidades, y también muchas actividades de voluntariado “se ven lamentablemente interrumpidas”.
En la Asamblea General de Fundaciones Turcas, el representante de las
fundaciones no musulmanas habló en nombre de la red de 167 fundaciones
comunitarias no musulmanas de Turquía. Las fundaciones "minoritarias"
vinculadas a la comunidad judía son 19, mientras que las demás están
vinculadas a diversas comunidades cristianas. La comunidad greco
ortodoxa cuenta con 77 fundaciones, mientras que la armenia tiene 54.
