Santiago, CHILE (Agencia Fides 03/12/2021) - "En este periodo de elecciones, y ante la
puesta en marcha de la nueva legislación sobre inmigración, nos preocupa
que no se conciba a la persona como eje de la ley, sino que se asocie
la migración al tema de la seguridad para limitar la movilidad de las
personas o con fines electorales". Así consta en el documento elaborado
al término del encuentro nacional de Delegados de Pastoral de la
Movilidad Humana de todo Chile y del Instituto Católico Chileno de
Migraciones, INCAMI, que se ha realizado entre el 30 de noviembre y el 2
de diciembre.
El texto, firmado en nombre de todos los delegados por Mons. Moisés
Atisha Contreras, Obispo de San Marcos de Arica, Presidente de INCAMI,
subraya: "vemos con preocupación las situaciones que viven los
migrantes, que llegan a nuestro país en busca de una mejor condición de
vida para ellos y sus familias, o huyendo de situaciones de inseguridad,
pero que no encuentran las condiciones para un proceso de integración
digno o ven cómo se profundizan las situaciones de vulnerabilidad".
La declaración pública, enviada a la Agencia Fides, reitera la petición
de procesos de integración de quienes ya residen en Chile, que
"garanticen la posibilidad de acceder a derechos como la reagrupación
familiar y los derechos de los niños, creando puentes y no muros entre
las personas". Al reclamar "procesos definidos y transparentes de
gestión y comunicación de la migración", el texto también espera que "la
nueva administración conciba la migración como una realidad humana que,
en nuestro contexto, requiere protección y no exclusión".
La digitalización de los trámites de los inmigrantes no ha mejorado la
gestión de los permisos de trabajo y los visados, que "es cada vez más
larga y burocrática", subrayan. Preocupa la vulnerabilidad en la que
pueden encontrarse las personas procedentes de Venezuela y Haití,
teniendo en cuenta que entre ellas hay niños, muchos de los cuales han
nacido en Chile. Otro motivo de preocupación es la situación de los
niños y niñas que actualmente viajan al continente con personas
distintas a sus padres o tutores legales, de cara a la reunificación en
Chile.
Por último, se pide que "se revise y evalúe la aplicación de la
legislación sobre refugiados (20.430) para garantizar la protección de
quienes la solicitan, facilitando el acceso, al menos, a la solicitud.
Las personas que entran sin autorización son preocupantes, no sólo por
su irregularidad migratoria y la dificultad de cambiar esta situación,
sino también por las expulsiones a las que se exponen”.
