San Salvador, EL SALVADOR (Agencia Fides, 01/12/2021) – “La realidad sobre el agua en nuestro
país es preocupante” señalan los obispos de El Salvador en una
declaración titulada “El agua es un bien precioso que todos debemos
proteger”. En el país existen 590 ríos de los cuales el 70% están
contaminados y no son aptos para el consumo humano ni para otra especie
animal. Pese a que se ha recomendado no utilizar estas aguas
contaminadas en el cultivo de alimentos, los principales sistemas de
riego del país lo utilizan para el cultivo y posterior consumo de frutas
y verduras. Las fuentes que generan la contaminación de los ríos son
empresas de diversa índole que vierten sus aguas residuales en los ríos,
municipalidades que no tienen sistemas para tratar sus aguas grises y
lodos, monocultivos como el de la caña de azúcar y la ausencia de
saneamiento comunitario.
El comunicado de la Conferencia Episcopal recuerda también que los ríos
que recorren El Salvador nacen en Honduras y Guatemala, y que existen al
menos 42 proyectos mineros que amenazan directamente las cuencas
transfronterizas, contaminando el agua. El caso más grave es el proyecto
minero del Cerro Blanco, que está ubicado en Asunción Mita,
departamento de Jutiapa, en Guatemala, a 14 kilómetros de El Salvador,
en un importante acuífero subterráneo entre el Río Ostúa y el municipio
de Metapán, de El Salvador. El rio Ostúa contaminará el lago de Güija,
debido a las cantidades de arsénico natural que recibe provenientes de
la actividad en la mina Cerro Blanco; y el lago Güija contaminará el río
Lempa, pues es su más grande proveedor de agua. “Esta situación es una
gran amenaza para El Salvador, que debe atenderse urgentemente y con
máxima preocupación – denuncian los obispos -. Hacemos un vehemente
llamado a las autoridades de nuestro país a realizar todas las
diligencias posibles para parar dicho proyecto; y, pedimos a la
comunidad internacional, no permitir tal desastre humano y ambiental; y,
a la vez alertamos a todos los salvadoreños para que nos manifestemos
en contra de dicho atentado a nuestro país, contra la vida y la salud de
las personas, contra la fauna y la flora”.
El comunicado recuerda que en El Salvador existe un estimado de 2,500
juntas de agua que “cumplen una función social y ambiental importante”,
ya que abastecen a más de medio millón de familias usuarias en la zona
rural del país, es decir llegan a los lugares donde el Estado no llega.
Por tanto “son sistemas comunitarios no son empresas privadas”, Sin embargo, en la “Ley General de Recursos Hídricos” aprobada por la comisión ad-hoc integrada por diputados de la Asamblea Legislativa “se les considera como empresas privadas”. Los obispos piden “que se les dé la oportunidad a las Juntas de Agua para que expongan sus consideraciones u observaciones a la ‘Ley General de Recursos Hídricos’”. Además, por el bien de todos, piden a la Asamblea Legislativa la ratificación de las reformas constitucionales sobre el derecho humano al agua y a la alimentación adecuada, ya aprobadas.
“En nombre del pueblo elevamos hoy nuestra voz para pedir dicha
ratificación” concluyen los obispos, invitando a todos a rezar, para
pedir a Dios que “no permita esa inminente catástrofe masiva de
gravísimas e irreparables consecuencias contra la vida y la salud de las
personas, los animales y las plantas”.
