Asunción, PARAGUAY (Agencia Fides, 02/1Q2/2021) – “La Constitución Nacional en el Capítulo
quinto, reconoce la existencia de los Pueblos Indígenas como grupos de
culturas anteriores a la formación y organización del Estado paraguayo,
garantiza el derecho a preservar y desarrollar su identidad étnica”
recuerda la Coordinación Nacional de Pastoral Indígena, que forma parte
de la Conferencia Episcopal de Paraguay, en un comunicado a la opinión
pública en el que destaca la situación de los pueblos indígenas en el
país.
La declaración sigue a la "Carta abierta" dirigida a los poderes del Estado por el Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal, en la que se pide, entre otras cosas, “que se respeten los derechos de los pueblos originarios y las leyes que los regulan”.
La Coordinación Nacional de Pastoral Indígena recuerda también que lleva
“más de 50 años, caminando juntos en la búsqueda de la tierra sin mal y
luchando por el aseguramiento territorial, dentro de lo que las Leyes
Nacionales e Internacionales garantizan”. Luego subraya que es una
obligación del Estado paraguayano “asegurar el cumplimiento de nuestra
normativa respecto a la Propiedad Comunitaria de la tierra para las
Comunidades Indígenas, las cuales tienen como fin la conservación y el
desarrollo de sus formas peculiares de vida”.
El comunicado de la Pastoral Indígena cita también el Convenio 169 OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, ratificado por la Ley N°234/93 que “dispone que deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan”. Por ello pide las medidas necesarias para salvaguardar tal derecho y, al mismo tiempo, para salvaguardar el derecho de los pueblos Indígenas a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero “a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia”.
“Lamentablemente estas leyes no se han tenido en cuenta – concluye el
comunicado -, lo cual se refleja en los últimos desalojos de comunidades
indígenas. En este contexto exigimos el fiel cumplimiento de las Leyes
Nacionales y los Acuerdos Internacionales firmados y ratificados por la
República del Paraguay”.
