Ciudad de México, MÉXICO (Agencia Fides, 10/09/2021) – La Suprema Corte de Justicia de la
Nación ha dictaminado sobre la inconstitucionalidad de algunos artículos
del Código Penal del Estado de Coahuila, sobre la criminalización de
las mujeres que recurren al aborto en determinadas condiciones, de
quienes las ayudaron y del personal médico que las asistió. Los Obispos de México, habiendo estudiado el contenido de
esta resolución y los argumentos expuestos por varios ministros en las
sesiones públicas, consideran que “los problemas a los que se enfrentan
las mujeres y el estatuto jurídico del concebido no nacido son un tema
complejo con aristas antropológicas, científicas, filosóficas y éticas
que no es posible reducir a una resolución en un asunto judicial”. Por
ello, consideran que “todos los actores sociales –fuera de un clima de
polarización ideológica y sin apegos a posiciones políticas– nos
involucremos en una nueva y profunda reflexión que nos permita encontrar
un camino común de solución a un problema multidimensional y
multifactorial como el que nos ocupa”.
En el comunicado enviado a la Agencia Fides, los obispos mexicanos
ofrecen algunos puntos de reflexión para orientar la conciencia de los
fieles y hombres de buena voluntad, bajo el título “A favor de la mujer y
del derecho a la vida”. “Ninguna mujer debe verse orillada a tomar la
dramática decisión de recurrir a la práctica del aborto – afirman los
obispos -, situación que en un gran número de casos deja una profunda
secuela de dolor. En este sentido, somos conscientes que la cárcel no es
una solución a la problemática de la mujer que aborta”. La Iglesia,
Madre de todos los seres humanos, incluyendo al ya concebido, pero aun
no nacido, “debe proteger –por todos los medios lícitos– su dignidad
fundamental como creación de y asegurar que su derecho a la vida no se
condicione, se discrimine o quede sujeto a la voluntad o decisión de un
tercero. Este camino, tampoco constituye una alternativa de solución”.
Los obispos lamentan profundamente que “frente a la aparente disyuntiva sobre no criminalizar a la mujer que aborta y preservar la vida del concebido no nacido, la Corte haya optado por descartar al segundo, sin buscar la salvaguarda de ambos”. Recordando que el derecho humano a la vida se encuentra reconocido y garantizado en la Constitución mexicana y en los más importantes Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos, afirman, “la resolución de la Corte realiza un peligroso y desproporcionado contraste entre el contenido y límites de lo que denomina ‘derecho de la mujer a decidir’ frente a ‘la protección constitucional del nasciturus’”, tema sobre el que detienen a reflexionar.
Por último, los obispos subrayan que vivimos en una época de grandes
desafíos sociales, y citando al Papa Francisco, exhortan a “caminar
juntos en favor del bien común, de la dignidad humana y de los derechos
fundamentales de todas las personas, sea cual sea su condición”. La
materia del debate sostenido en la Suprema Corte, concluyen, “merece un
renovado compromiso de todos los actores políticos, de la comunidad
académica, de las iglesias y de las organizaciones civiles para
garantizar la protección de las mujeres en toda circunstancia, gestando o
no, al tiempo que se respete el derecho humano a la vida tanto de la
madre como del concebido aún no nacido”.
