Líbano lleva más de tres meses sin gobierno, tras la dimisión del primer ministro saliente Hassan Diab, después de las devastadoras explosiones que tuvieron lugar el 4 de agosto en el puerto de Beirut. Ahora las negociaciones para la formación de un nuevo gobierno están bloqueadas por los vetos cruzados entre las principales fuerzas políticas y los conflictos que han surgido entre el primer ministro designado, el musulmán sunita Saad Hariri, y el jefe de Estado, el cristiano maronita Michel Aoun, sobre el mecanismo de nombramiento de ministros. La parálisis de la política, por el predominio de los intereses partidistas ha “hecho crecer la corrupción, el acaparamiento y el derroche de los fondos públicos, llevando al país a la quiebra y al colapso”, lamentó también el Patriarca.
Una situación que, según el Patriarca, se basa en una verdadera traición y tergiversación de la Constitución libanesa. La Carta Magna fue redactada con la intención de garantizar la convivencia interreligiosa, el equilibrio confesional y la participación igualitaria en la gestión del poder entre cristianos y musulmanes, pero ahora la estructura institucional libanesa se ha convertido en rehén de los bloques políticos que se presentan como representantes exclusivos de las distintas comunidades confesionales. Sobre la base de esta identificación lanzan sus vetos cruzados y paralizan la vida pública nacional con el objetivo de tomar el poder en virtud únicamente de intereses individuales o sectarios.
La reafirmación de la “neutralidad activa” del país de los Cedros fue detallada por el Patriarca Raï en el “Memorando para el Líbano”, un documento publicado a mediados de agosto.