Hakha, MYANMAR (Agencia Fides, 09/07/2021) - El padre Jerome Hlawn Khawl, sacerdote católico y
párroco de la Iglesia Catedral de San José en la ciudad de Hakha,
capital del estado de Chin, en el oeste de Myanmar, está proporcionando
oxígeno a las familias que necesitan tratar a las personas infectadas
por el Covid-19. Según la información de la Agencia Fides, el Consejo
pastoral de la parroquia ha anunciado que cualquier persona que necesite
oxígeno para los pacientes contagiados por el Covid puede hacer una
petición y venir a recogerlo. “Esta donación caritativa -subraya la
Iglesia local- ha sido anuncia públicamente y se concede sin ninguna
discriminación de etnia, lengua o religión”. El p. David Khin Hmung,
párroco de Tiphul, confirma a la Agencia Fides: “Extendemos nuestras
manos a los necesitados en este momento de necesidad en la diócesis de
Hakha, donde la pandemia se está extendiendo y sentimos sus graves
efectos”, dice, recordando que en las últimas semanas han
muerto más de 60 pastores protestantes, 3 sacerdotes y 2 religiosas a
causa de la pandemia en la diócesis de Hakha.
Tras el golpe de Estado del 1° de febrero y la consiguiente protesta
popular, debido a la temporada de lluvias y al aumento de la pandemia de
Covid-19 que está poniendo en apuros al país, los combates se han
reducido en varias zonas de la nación (sólo continúan siendo intensos en
el centro de Myanmar). La pandemia está golpeando fuertemente al
ejército y los militares están cambiando su estrategia para proteger a
los soldados, mientras que la atención pública y las energías de las
familias y las instituciones sociales y religiosas también están
absorbidas por la lucha contra la pandemia.
Sin embargo, las manifestaciones populares continúan y, según fuentes de
la Agencia Fides, más del 60% de la población birmana, de todas las
etnias, sigue de cerca las indicaciones, las declaraciones y el camino
trazado por el “Gobierno de Unidad Nacional” (GUN), el gobierno en la
sombra formado por varios diputados birmanos elegidos el 8 de noviembre
pero privados del poder por el golpe militar y refugiados en el
extranjero.
“Los ciudadanos continúan con el movimiento de desobediencia civil, no
pagando impuestos y boicoteando los servicios públicos. Incluso los
empresarios no se están presentando a los concursos públicos, la
población civil continúa su resistencia contra la junta militar”, dice
una fuente de Fides en Yangon.
El NUG y el pueblo de Birmania, a la vez que siguen pidiendo un mayor
apoyo de la comunidad internacional, acogen con satisfacción las nuevas
sanciones económicas contra el sector del petróleo y el gas, tal y como
ha pedido Thomas Andrews, Relator Especial sobre los Derechos Humanos en
Myanmar ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Dirigiéndose a
la comunidad internacional, Andrews explicó: “Me refiero a la presión
económica, al recorte de los ingresos que la junta militar necesita para
seguir en el poder. Hablo de cortar el acceso a las armas y a la
tecnología”. Andrews pidió la formación de una “coalición de emergencia
para el pueblo birmano”, que es un grupo de Estados que también
impediría concretamente la exportación de armas a la junta birmana.
En esta fase de violencia y sufrimiento para la población, las Naciones
Unidas también ha pedido poder proporcionar ayuda humanitaria a los
civiles de Myanmar, acordando la intervención con la Asociación de
Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), de la que Myanmar es miembro,
“sin que la ayuda sea instrumentalizada por los militares”.
