Kabul, AFGANISTÁN (Agencia Fides, 09/07/2021) – “Pedimos una misión de la ONU para averiguar la
verdad sobre los recientes ataques contra civiles”. Con las tropas
extranjeras en vías de retirada, los talibanes a la ofensiva, un
gobierno débil, el aumento de la violencia y “escenarios futuros muy
preocupantes”, en una entrevista con la Agencia Fides Shaharzad Akbar,
jefe de la “Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán”
(Afghanistan Independent Human Rights Commission - AIHRC), pide un mayor
compromiso de la comunidad internacional. “Las condenas ya no son
suficientes, no tienen efectos concretos. Necesitamos una misión de la
ONU que actúe como elemento disuasorio”, señala. Desde julio de 2018,
Shaharzad Akbar dirige la Comisión Independiente de Derechos Humanos de
Afganistán, un organismo estatal destinado a proteger los derechos
humanos en el país. El dirigente da la voz de alarma: “No hay ninguna
posibilidad real en el proceso de paz, la violencia
aumenta, el conflicto se intensifica. Y también las violaciones de los
derechos de los civiles”, explica a Fides.
Las responsabilidades son múltiples. Los talibanes están a la ofensiva,
aprovechando militarmente la retirada de las tropas extranjeras acordada
en el acuerdo de Doha de febrero de 2020 y confirmada el pasado 13 de
abril por el presidente estadounidense Joe Biden. “Nos llegan
testimonios creíbles de ataques a civiles, asesinatos de prisioneros de
guerra, destrucción de infraestructuras”, afirma Akbar, que dice estar
especialmente preocupada por el ataque a los civiles. En particular, la
violencia está afectando a la comunidad hazara del barrio chiíta de
Dasht-e-Barchi, en Kabul. El llamamiento a las Naciones Unidas pide una
protección especial para esta minoría chiíta, perseguida en la época del
Emirato Islámico de los talibanes, ahora objetivo de la rama local del
Estado Islámico.
Shaharzad Akbar señala: “Todos los afganos son víctimas del conflicto.
Pero los recientes ataques son claros en sus objetivos: autobuses
civiles, bodas, santuarios, ceremonias religiosas, escuelas. Hay una
clara intención de golpear a la comunidad chiíta hazara, precisamente
por su identidad”, denuncia Akbar. Los mecanismos de protección y
búsqueda de la verdad del gobierno son insuficientes: el gobierno “puede
tener la voluntad política, pero ciertamente no tiene la capacidad de
averiguar la verdad sobre los presuntos crímenes de guerra”.
El llamamiento a las Naciones Unidas se hizo público el 9 de mayo, al
día siguiente de un triple atentado contra las alumnas de la escuela
Sayed al-Shohada, en el distrito de Dasht-e-Barchi: 90 víctimas. Al día
siguiente, una delegación del gobierno de Kabul, encabezada por el
ministro de Asuntos Exteriores, Hanif Atmar, se encontraba en La Haya
para convencer a la Corte Penal Internacional de que aplazara -o, mejor
aún, archivara- la apertura de una investigación sobre los crímenes de
guerra y las violaciones de los derechos humanos en Afganistán. Un
error, según Akbar, que también pide que se esclarezca la verdad sobre
los posibles crímenes cometidos por las tropas extranjeras: “Existen
denuncias creíbles de crímenes cometidos por las tropas estadounidenses,
australianas, británicas y otras. Las víctimas no lo olvidan. Es
necesario que se reconozca plenamente lo ocurrido”. Uno de los mayores
fracasos de la comunidad internacional ha sido en materia de derechos y
justicia”, resume Shaharzad Akbar. “La comunidad internacional ha
empoderado y fortalecido a las personas acusadas de crímenes de guerra.
Los ha tratado como aliados. Y esperaba que saliera algo bueno de ello”.
