En las últimas 3 semanas, el presidente Ortega ha propuesto tres iniciativas legislativas a la Asamblea Nacional: la Ley de delitos de odio, la Ley de cadena perpetua, la Ley de regulación de agentes extranjeros. El lunes 28 presentó la ley especial sobre ciberdelito, que criminaliza a las redes sociales y los medios de comunicación en su labor de denunciar e informar sobre lo que realmente está sucediendo en el país.
"Estas leyes no tienen peso porque están viciadas por su origen, porque Ortega está en el poder de manera ilegítima", insistió Mons. Mata, reiterando que todo lo que hace Ortega en la legislación "es un abuso, una aberración jurídica, porque un gobierno no puede quitar derechos civiles y políticos, no puede estar por encima de lo que reconoce nuestra Constitución ”.
En la misma línea de denuncia, el exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pablo Abrao, destacó que la nueva iniciativa legislativa en Nicaragua sobre la denominada “ciberseguridad” abre un camino para criminalizar a ciudadanos y periodistas. Expertos nacionales dicen que la ley tiene como objetivo "censurar y criminalizar las redes sociales y el periodismo".
Según datos recogidos por Fides (http://omnisterra.fides.org/articles/view/95), las redes sociales han jugado un papel decisivo en lo que se denomina la "insurrección pacífica" en Nicaragua, iniciada a mediados de abril de 2018. por estudiantes universitarios luego seguido por toda la población. Cientos de jóvenes, convocados por las redes sociales, comenzaron a manifestarse frente a una universidad y luego en las calles de Managua. Luego de la violenta reacción del gobierno, los jóvenes comenzaron, nuevamente a través de las redes sociales, a fotografiar y grabar la represión, compartiendo las imágenes con quienes no sabían lo que estaba pasando. En pocas horas toda la población tenía fotos o videos en sus teléfonos violencia Las redes sociales en Nicaragua se han convertido en el medio por excelencia en la actualidad.
