La Iglesia siempre ha tenido una posición crítica con respecto a las elecciones de un ejecutivo que a menudo ha actuado con violencia y abuso en una especie de operación de “limpieza” cuyo saldo han sido miles de muertes, a menudo solo pequeños narcotraficantes o consumidores. Y las organizaciones seculares y religiosas, en el país y en el extranjero, apoyan firmemente la llamada a una investigación independiente e imparcial.
Las controvertidas elecciones de Durterte, desde su investidura, han sido objeto de numerosas críticas a nivel nacional e internacional. En una resolución del 17 de septiembre, el Parlamento Europeo afirma que, tras leer un informe detallado del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDH), se condena enérgicamente las violaciones de los derechos humanos perpetradas por la administración Duterte y se invita a los Estados miembros de la Unión Europea (UE) a apoyar la urgencia de una investigación internacional sobre las violaciones cometidas en Filipinas desde 2016. La UE no solo pide el fin de las matanzas y la disolución de los grupos paramilitares, sino que habla de la posibilidad de revisar la cláusula de “nación favorecida” (el régimen SGP +) que garantiza la exención de derechos sobre las exportaciones de productos filipinos a Europa.
Luego ha llegado la indicación por parte de la ONU del compromiso de garantizar la asistencia técnica al Departamento de Justicia local. Y la esperanza de una investigación independiente, garantizada por la comunidad internacional, se ha desvanecido.
El padre Miranda no abandona la esperanza: “A pesar de todo - dice a Fides - sigo confiando en que las víctimas y sus familias verán la luz de la justicia al final del túnel. Animo a la gente de la Iglesia a permanecer alerta y vigilar la situación. Todavía hay otros posibles mecanismos internacionales y seguiremos apelando. Mientras tanto, seguiremos asistiendo a las familias de las víctimas con nuestros medios y según nuestras posibilidades”.
