La situación humanitaria es grave. Se estima que hay más de un millón de personas desplazadas en Tigray, de las cuales más de 45.000 han huido al vecino Sudán. La peor situación es la de los casi 100.000 refugiados eritreos cuyos campamentos cerca de la frontera de Tigray estaban en primera línea de batalla. Según varias informaciones, algunos refugiados fueron asesinados o secuestrados y se cometieron graves violaciones de las normas internacionales.
“Además de los enfrentamientos armados, se vislumbran dos amenazas en los campos de refugiados: el riesgo de deportación forzada a Eritrea y las enormes dificultades para subsistir debido a la interrupción repentina de la asistencia incluso de los bienes esenciales y de primera necesidad”, explica a la Agencia Fides el padre Mussie Zerai, un sacerdote eritreo comprometido con el apoyo a los refugiados eritreos.
La amenaza de deportación se refiere en concreto al campo de Shimelba, el más cercano a la frontera con Eritrea. Durante días, varias informaciones aseguran que unos seis mil refugiados han sido bloqueados en el centro de acogida o en sus alrededores y repatriados bajo arresto por unidades militares eritreas que han entrado en Tigray como aliadas del ejército federal etíope. “Se trata de una verdadera deportación masiva cuyas víctimas corren el riesgo de que los hagan desaparecer, imposibles de encontrar, porque todos los registros de ACNUR habrían sido destruidos para no dejar ningún rastro de los refugiados del campamento o para hacer que su búsqueda se convierta en una empresa extremadamente difícil. Etiopía está obligada a garantizar la seguridad y la libertad de esas personas. Nadie puede ignorar el hecho de que todos los refugiados son considerados por el régimen de Asmara como traidores y desertores. Por eso, obligarlos a regresar a Eritrea significa exponerlos a represalias que van desde la cárcel hasta la muerte. Es decir, una venganza hacia ellos por haber puesto de manifiesto con su huida que escapaban de una auténtica dictadura”, explica el padre Zerai.
La asistencia es un problema cada vez más grave que afecta a todos los campos de refugiados. Hasta la guerra, el gobierno de Tigray y la ayuda humanitaria internacional proporcionaban asistencia y suministros suficientes para la vida diaria de miles de refugiados. Desde el inicio del conflicto, estos bienes se han terminado rápidamente.
“Pedimos encarecidamente la intervención urgente de las principales instituciones internacionales (en particular las Naciones Unidas, la Unión Africana, la Unión Europea y el propio gobierno de Addis Abeba) con tres objetivos prioritarios: verificar la noticia de la repatriación forzada a Eritrea de miles de refugiados y, en caso de que efectivamente haya habido deportaciones, intervenir con la máxima celeridad y determinación; organizar canales humanitarios que permitan el traslado a otros estados de los miles de refugiados que se han visto envueltos contra su voluntad en esta guerra; y reabrir inmediatamente las fronteras de Tigray a la ayuda humanitaria”, concluye el sacerdote eritreo.
