Según ha informado a la Agencia Fides un responsable del CEPADHO (Centro de Estudios para la Promoción de la Paz, la Democracia y los Derechos Humanos), ONG local que desde hace años denuncia la violencia cometida contra la población civil de la zona, “entre los fugitivos hay algunos que pertenecen a varios grupos armados, las ADF pero también Mai-Mai y otras formaciones”.
Las ADF (Fuerzas Democráticas Aliadas) es un grupo de origen ugandés que ha creado grandes problemas en el noreste de la República Democrática del Congo durante décadas. Los Mai-Mai pertenecen a las milicias locales (Mai-Mai es de hecho un nombre genérico que se usa para definir diferentes formaciones), que afirman querer oponerse al ADF.
“La población tiene miedo porque temen que estas personas puedan repetir los delitos por los que han sido encarcelados”, dicen fuentes de CEPADHO contactadas por la Agencia Fides.
Según un informe de la Oficina Conjunta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (UNJHRO), elaborado junto con la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUSCO) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), hay 397 casos de violaciones de derechos humanos atribuibles a la ADF entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de enero de 2020, con el asesinato de al menos 1.154 personas, incluidas 235 mujeres y 166 niños.
La ADF se habría sumado al Estado Islámico en la provincia de África Central, pero según varios observadores locales detrás de la acción de este y otros grupos activos en la región, existen intereses vinculados a la explotación ilegal de los enormes recursos minerales de la zona