Juba, SUDÁN DEL SUR
(Agencia Fides, 01/10/2014) - Otra radio católica está en la mira
de las autoridades de Sudan del Sur. Se trata de “Voice of Hope”
de la diócesis de Wau, en el oeste del país. Según el Catholic
Radio Network (CRN), el Vice gobernador del Estado de Western Bahr El
Ghazal ha amenazado con cerrar le emisora intimidando a la redacción
a limitarse a proporcionar sólo la información local evitando
cubrir los eventos que ocurren en otros estados de Sudán del Sur, en
especial los relativos a la oposición. El funcionario del gobierno
ha definido “ “Voice of Hope” una “estación de radio
perjudicial”, y ha añadido que el Gobierno tomaría las medidas
oportunas si la emisora no se limitaba a enviar sólo “homilía y
música Gospel”.
En las últimas
semanas, Radio Bakhita de la Arquidiócesis de Juba (capital federal)
había sido cerrada temporalmente después de una redada en la sede
de la emisora por parte del servicio de seguridad, que también había
detenido al jefe de redacción durante varios días. Luego Radio Bakhita ha sido autorizada a reanudar sus
emisiones, pero la estación sigue cerrada por discreción de la
Arquidiócesis que pretende evaluar la situación.
Su Exc. Mons.
Paulino Lokudu, Arzobispo de Juba, ha lamentado que el Servicio de
Seguridad no advirtió que iba a imponer el cierre a la emisora.
“Cuando han cerrado la radio, no he sido consultado, los oficiales
de seguridad no han venido a decirme que iban a cerrar la radio.
Ellos simplemente tomaron las llaves de las personas que estaban en
la sede de la emisora y creo que esto no es correcto”, dice el
arzobispo, que ha añadido: “Creo que se han dado cuenta y nos
hemos reconciliado”.
Organizaciones de
defensa de los derechos humanos han denunciado la censura impuesta
por el gobierno a los medios de comunicación de Sudán del Sur desde
el estallido de la guerra civil entre las facciones respectivamente
encabezados por el presidente Salva Kiir, y el ex vicepresidente Riek
Machar. Según estas organizaciones, las restricciones a la libertad
de información tiene por objeto impedir la publicación de noticias
sobre las masacres de civiles en la capital. Los periodistas tienen
prohibido visitar hospitales, cementerios y campos de refugiados.
