Valle de Ángeles, HONDURAS (Agencia Fides, 29/10/2021) – Del 25 al 28 de octubre se ha
celebrado en Valle de Ángeles (Honduras) el VII Encuentro de Obispos en
el que han participado los secretarios ejecutivos de pastoral de
movilidad, los laicos que trabajan en las fronteras del sur de México y
Centroamérica, un delegado de la Sección Migrantes y Refugiados del
Vaticano y un grupo de obispos estadounidenses. Según la nota final
publicada por ADN-Celam, todos han coincidido en su preocupación por que
la migración sea un derecho y no la consecuencia de la presión que
ejercen diversos factores como la pobreza, la violencia y que terminan
convirtiéndola en una obligación. “Demandamos la aplicación de políticas
migratorias que respeten la dignidad de las personas, el derecho a la
protección internacional y la no separación de las familias por parte de
los gobiernos de Centroamérica, México y Estados Unidos” ha sido la
solicitud expresa de los asistentes.
Se ha puesto de manifiesto que Centroamérica, México y Estados Unidos
son territorios de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes, y
mostrándose contrarios a los mecanismos de devolución exprés de la
política implementada por la administración del presidente Joe Biden, han exhortado a los gobiernos de Centroamérica y
México a dar una respuesta humanitaria, rápida y digna a la emergencia
provocada por estas medidas que solo apuntan a la contención y
criminalización de la población migrante.
“Como Iglesia - se lee en el documento final -, nos comprometemos a fortalecer nuestras articulaciones regionales para acompañar y asistir a las personas migrantes en coherencia con el llamado del Papa Francisco para construir ‘un nosotros cada vez más grande’”. mismo tiempo, se reafirma el compromiso de instar a los gobiernos de la región, en particular a los de México y Estados Unidos, a abordar las causas estructurales de la migración. En efecto, la violencia estructural obliga a los ciudadanos centroamericanos a huir cada día de sus países, agobiados por las condiciones económicas y de inseguridad... Además la corrupción generalizada y la impunidad debilitan las posibilidades de construir proyectos de vida estables en sus países de origen. Las políticas económicas aplicadas por los gobiernos de los países centroamericanos y de Estados Unidos han debilitado con el tiempo a los estados, obligando a la población a emigrar en busca de mejores condiciones de vida.
Los participantes en la reunión han destacado que el fenómeno migratorio
constituye una crisis compleja y regional que requiere una respuesta
inmediata y un trabajo articulado por parte de los Estados y la sociedad
civil. Las pandemias, el cierre de fronteras y el efecto de los
fenómenos naturales violentos han acentuado la presencia de poblaciones
vulnerables, como menores no acompañados, mujeres embarazadas y familias
monoparentales, en las rutas migratorias. En la actualidad, los
gobiernos carecen de una respuesta eficaz y global para abordar las
causas estructurales de la migración.