Manila, FILIPINAS (Agencia Fides, 20/09/2019) – “El divorcio es, en primer lugar,
inconstitucional, es un camino anti-familiar, anti-matrimonio y
anti-hijos”. Lo asegura con contundencia en un mensaje enviado a Fides
el padre Jerome Secillano, secretario ejecutivo de la Conferencia
Episcopal de Filipinas y responsable de comunicación. La posición
adoptada por los obispos filipinos, que confirman su “no” a la
introducción del divorcio en la legislación nacional, viene a refutar
las declaraciones de la senadora Riza Hontiveros. La senadora está
encabezando una campaña a favor del divorcio “a favor de la familia y en
favor de los niños”. En una sesión reciente en el Senado, Hontiveros
dijo que una ley del divorcio “ofrecerá a las personas la oportunidad de
encontrar relaciones verdaderas y significativas”, así como “protegerá a
los niños del abuso y reconstruirá familias rotas”.
Los obispos expresan su oposición radical y señalan que “la afirmación
de la senadora Hontiveros contradice las disposiciones de la
Constitución de 1987”, explica el padre Secillano.
“De esta manera, ¿queremos decir que el Código de Familia y nuestra
Constitución están en contra del matrimonio y de los niños, dado que no
permiten el divorcio?”, se pregunta. Según el portavoz, “el divorcio
nunca puede ser en favor del matrimonio, la familia y los hijos. No
distorsione los hechos solo para satisfacer una agenda en particular”.
La posición de la Iglesia es clara. “Legalizar el divorcio en Filipinas
solo conduciría a la destrucción de muchas familias. Los filipinos
merecen algo mejor”, dijo el portavoz de los obispos quien pidió a los
legisladores que “trabajen para modificar las leyes existentes sobre
separaciones matrimoniales” en un camino que “respeta la Constitución”.
Actualmente en el Senado hay tres proyectos de ley sobre el tema del
divorcio: el proyecto de ley n. 67 titulado “Reconocimiento del decreto
extranjero de terminación de matrimonio”; la cuenta nos. 288 y 356
definidos como “Establecimiento del divorcio y disolución del matrimonio
en Filipinas”; la factura n. 504 que dice “Reconocimiento de los
efectos civiles del decreto sobre la anulación del matrimonio católico”.
En el segundo proyecto de ley, el que promueve la legalización total del
divorcio, presentado por los senadores Riza Hontiveros y Pia Cayateno,
se recoge la incapacidad psicológica, la falta de consentimiento y la
incapacidad para generar hijos, entre otras cosas, como razones
aceptables para obtener un divorcio.
Las comunidades cristianas de diversas denominaciones se oponen a la
legalización del divorcio en Filipinas. “El matrimonio es un sacramento y
debe protegerse de cualquier posible intervención humana. El divorcio
no es la solución a los problemas humanos”, explica a Fides la católica
laica Mary Christine Ortega, madre de cuatro hijos.
La Constitución de Filipinas (artículo XV, sección 2) establece que “el
matrimonio, como institución social inviolable, es la base de la familia
y debe ser protegido por el Estado”. El Estado, observa un documento
escrito por 77 organizaciones católicas y enviado a Fides, “tiene la
tarea de proteger en lugar de debilitar el matrimonio como institución
social”.
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