Dohuk, IRAK (Agencia Fides 18/11/2021) - En la región autónoma del Kurdistán iraquí
continúa la recopilación de documentos e informes sobre la expropiación
ilegal de bienes inmuebles - casas y terrenos - que han sufrido los
propietarios cristianos en los últimos años. Los comités locales han
iniciado procedimientos para realizar un mapeo detallado de las
propiedades expropiadas ilegalmente y para adquirir información sobre
los títulos de propiedad de los legítimos propietarios y las
circunstancias concretas en las que se produjeron las expropiaciones
ilegales. El miércoles 17 de noviembre, Reber Ahmed, Ministro del
Interior del gobierno de la región autónoma, dio una rueda de prensa
sobre los resultados de la visita que realizó a la gobernación de Dohuk
para verificar sobre el terreno los procedimientos de recogida de datos
iniciados por la Comisión creada ad hoc, el pasado mes de abril, a
instancias del gobierno regional con la intención de contrarrestar el
fenómeno del
acaparamiento ilegal de bienes inmuebles pertenecientes en su mayoría a
miembros de comunidades étnicas y confesiones minoritarias, empezando
por los cristianos. El ministro confirmó a los
medios de comunicación que había recibido información alentadora sobre
la adquisición de reclamaciones y materiales adquiridos en esta fase
preliminar por parte de los comités creados sobre el terreno, y en las
reuniones mantenidas con representantes de las administraciones locales
-incluidas las de la gobernación de Dohuk y la ciudad de Zakho- y
confirmó la firme intención del gobierno regional de proceder a la plena
restitución legal de los derechos de propiedad violados en las últimas
décadas en detrimento de los ciudadanos cristianos y otros grupos
minoritarios.
El material recogido por los comités locales se presentará a la comisión
gubernamental competente, que seguidamente definirá los procedimientos
concretos para devolver a los legítimos propietarios las tierras y
viviendas expropiadas ilegalmente antes y después de la caída del
régimen de Sadam Husein.
La creación de una comisión gubernamental ad hoc para verificar y frenar
las sistemáticas expropiaciones ilegales que han sufrido los
propietarios cristianos en el Kurdistán iraquí (y especialmente en la
gobernación de Dohuk) en los últimos años, se ha realizado gracias a una
petición realizada por el gobierno de la región autónoma en agosto de
2020. La tarea encomendada a la Comisión es la de recopilar
documentación, escuchando también las peticiones y justificaciones de
las partes implicadas, para elaborar un mapa real de las propiedades
cristianas sometidas a expropiaciones abusivas en los años en los que
toda la zona norte iraquí vivió la dramática experiencia relacionada con
las conquistas de las milicias yihadistas del Daesh y la creación del
autoproclamado Estado Islámico.
Las expropiaciones a gran escala de tierras y propiedades pertenecientes
a familias sirias, asirias y caldeas cristianas en la región del
Kurdistán iraquí, como informó a su tiempo Fides, fueron denunciadas con
especial vehemencia en 2016. Según
los informes, las expropiaciones ilegales fueron llevadas a cabo por
ciudadanos kurdos, ya sea individualmente o en coordinación con otros
miembros de su clan tribal. Ya en aquella época, el Dr. Michael
Benjamin, director del Centro de Estudios de Nínive, informó de que sólo
en la gobernación de Dohuk había una lista de 56 pueblos en los que la
superficie de tierra arrebatada ilegalmente a las familias cristianas
ascendía a 47.000 acres.
El 13 de abril de 2016, varios centenares de cristianos sirios, caldeos y asirios de la región de Nahla (gobernación de Dohuk) organizaron una manifestación frente al Parlamento de la región autónoma del Kurdistán iraquí para protestar contra la expropiación ilegal de sus propiedades por parte de influyentes notables kurdos en años anteriores, que ya había sido denunciada sin éxito ante los tribunales competentes en varias ocasiones.
En los últimos años, las expropiaciones ilegales se han centrado
principalmente en las tierras y casas de los cristianos que abandonaron
la zona, sobre todo desde la década de 1980, para huir de los conflictos
regionales y de la violencia sectaria y tribal, que estalló con mayor
virulencia tras las intervenciones militares de las coaliciones
internacionales.
