Managua, NICARAGUA (Agencia Fides, 25/11/2019) – Ayer, domingo 24 de noviembre, el P. Edwing
Román, párroco de la parroquia de San Miguel en Masaya, informó a través
de su cuenta de Twitter que su salud ha mejorado y que pronto regresará
a su parroquia en Masaya. Después de pasar ocho días sin agua, sin
electricidad, sin nada para comer e incluso sin sus medicamentos, el
padre Edwin y los familiares de presos políticos fueron sacados de la
iglesia de San Miguel en Masaya el viernes 22 de noviembre, mientras
agradecían a quienes los habían apoyado con oraciones y de otras
manifestaciones (ver Fides 18/11/2019). En el Hospital Vivian Pellas
donde fueron hospitalizados, algunos periodistas lograron intercambiar
algunas palabras con el Padre Edwin y con Diana Lacayo, presidenta de la
Asociación de familiares de presos políticos.
El sacerdote y otras personas del grupo fueron llevados al hospital con
la ayuda de la Cruz Roja de Nicaragua, que confirmó la necesidad urgente
de intervención médica para ellos, que no habían tenido alimentos
durante una semana. Actualmente, el padre Roman continúa hospitalizado
porque, al ser diabético, se encuentra entre los más afectados por la
prohibición policial de recibir alimentos, agua y medicinas, de acuerdo
con lo que han informado la arquidiócesis de Managua y el mismo cardenal
Leopoldo Brenes, quien fue a visitarlo. ayer.
El padre Edwing era parte de un grupo de 14 personas que se quedaron
dentro de la parroquia de San Miguel Arcángel, en la ciudad de Masaya,
durante ocho días. Entre ellas, al menos 10 mujeres habían iniciado una
huelga de hambre para exigir la liberación de más de 160 presos
políticos. La policía arrestó a 16 personas por tratar de llevar agua a
las personas dentro de la parroquia, después de que se interrumpió el
suministro de agua y electricidad al edificio. Los partidarios de la
policía y el gobierno también han impedido el acceso a los medios de
comunicación alrededor del templo.
Esta acción de los familiares de los presos políticos no aislada, sino
que es una de las muchas protestas contra la crisis política y social
que desde abril de 2018 ha dejado al menos 328 muertos, según la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque las
organizaciones los números locales aumentan a 651 y el gobierno reconoce
200.