Johannesburgo, SUDÁFRICA (Agencia Fides, 03/01/2019) - "Aplaudimos al presidente y al gabinete
por haber dado el primer paso para eliminar las disparidades salariales y
hacer frente a la difícil situación de los trabajadores pobres", dice
mons. Abel Gabuza, obispo coauditor de la arquidiócesis de Durban y
presidente de la Comisión Episcopal "Justicia y Paz" de la SACBC
(Conferencia Episcopal de los Obispos Católicos de África del Sur), en
una nota enviada a la Agencia Fides sobre la entrada en vigor, el 1° de
enero de 2019, de la ley que introduce el salario mínimo garantizado.
Sin embargo, el obispo Gabuza afirmó que el Departamento de Trabajo debe
garantizar que la ley sea respetada por todos. El presidente de
"Justicia y Paz" también señaló que "el salario mínimo nacional exige
que los trabajadores más débiles ganen 3.500 rand (unos 212 euros) al
mes. Para ganar 3.500 rands al mes, un trabajador tendría que trabajar
40 horas a la semana. Un alto porcentaje de los trabajadores más débiles
trabajan menos de 40 horas semanales y, por lo tanto, no reciben la
suma establecida por la ley".
Gabuza también subrayó que el ente encargado de resolver las disputas
entre los empleadores y los empleados (Comisión de Conciliación,
Mediación y Arbitraje -CCMA) "no tiene capacidad para satisfacer la
creciente demanda de servicios, incluida la aplicación del salario
mínimo nacional. Además, el acceso financiero y geográfico a las
oficinas del CCMA y al Departamento de Trabajo sigue siendo un problema,
especialmente para los trabajadores pobres de las provincias rurales".
Este problema se ve agravado por el hecho de que la ley no introduce
medidas adecuadas para castigar a los empleadores que actúan de mala fe y
siguen explotando a las personas más vulnerables. "En algunos sectores,
los empleadores ya han anunciado a los trabajadores que tienen la
intención de reducir el tiempo de trabajo a un nivel inferior a 40 horas
semanales. Otros empresarios, en particular los agricultores, han
anunciado que en 2019 aumentarán la cantidad que cobran por la
electricidad, el agua y los intereses de los préstamos, etc., y que
también aumentarán la cantidad que cobran por la producción de
electricidad y agua. Ambas prácticas erosionarán las ganancias del
salario mínimo nacional", señala la nota.
Finalmente, según "Justicia y Paz", el debate sobre el salario mínimo
nacional está desviando la atención del importante debate sobre el
salario de subsistencia. "El salario de subsistencia difiere del salario
mínimo legal en que su determinación da prioridad a las necesidades
básicas de los trabajadores pobres y al costo de los niveles de vida
básicos, y no solo a las necesidades del mercado laboral. Un salario de
subsistencia garantiza que los trabajadores pobres puedan ganar lo
suficiente para vivir una vida decente y digna".