Nueva Delhi, INDIA (Agencia Fides, 26/02/2020) – Unos 73 líderes de la sociedad civil
India, incluidos miembros de todas las religiones, en representación de
diversos orígenes sociales, profesionales y religiosos, han lanzado un
llamamiento a oponerse a la ratificación y aplicación del "Registro
Nacional de Población” (National Population Register - NPR), el registro
destinado a recopilar detalles sobre toda la población presente en el
territorio indio, en una declaración hecha pública y que se ha
convertido en una petición al gobierno federal.
En la declaración, recibida también en la Agencia Fides, los líderes
hacen referencia al artículo 14 de la Constitución de la India,
declarando que el NPR es "discriminatorio, divisivo, exclusivo e
inconstitucional", y que contribuye a polarizar a la sociedad en función
de factores como la religión, clase, casta y género.
A través del NPR, el gobierno indio, dirigido por el primer ministro
Narendra Modi, del partido nacionalista Bharatiya Janata (BJP), tiene la
intención de crear una base de datos de ciudadanos, recopilando datos
biométricos y demográficos. Cada ciudadano debe proporcionar detalles
sobre su vida, como su nombre, relación con el jefe de familia, nombre
de los padres, nombre del cónyuge (si está casado), sexo, fecha de
nacimiento, estado civil, lugar de nacimiento, nacionalidad, dirección
de residencia, duración de la estadía en India, profesión y título de
estudios. El gobierno indio ha asignado 555 millones de dólares para
comenzar el registro, que debería empezar en abril de 2020.
Aunque el gobierno afirma que la compilación del NPR se realizará de
forma independiente y no está vinculada al otro controvertido Registro
Nacional de Ciudadanos (National Register of Citizens - NRC), los
líderes señalan que el NPR es la "primera fase de la recopilación de
datos, para preparar el NRC, para implementar por último la Ley de
enmienda de ciudadanía (Citizenship Amendment Act - CCA)", la
controvertida ley de ciudadanía aprobada por el gobierno y al centro de
una amplia protesta popular. La ley regula la concesión de la ciudadanía
a los migrantes de Bangladesh, Pakistán y Afganistán, excluyendo a los
inmigrantes de fe musulmana de ese beneficio. Los dos registros (NPR y
NRC), señalan los activistas, serán útiles para identificar y aislar a
las minorías religiosas o étnicas definiendo a todos los "inmigrantes
irregulares" para luego deportarlos. La recopilación de datos del NRC
está intrínsecamente vinculada al NPR, señala el
apelo. Si se implementan los dos registros, "millones de personas corren
el riesgo de convertirse en apátridas y ser enviadas a centros de
detención", se lee en el texto. Para demostrar la propia “ciudadanía” o
el derecho de residencia en suelo indio, de hecho, las personas deben
presentar documentos tales como escrituras de propiedad, documentos de
tierras, certificados de estudios, tarjetas electorales, certificados de
nacimiento y defunción en caso de que el gobierno lo solicite: esta no
es una tarea fácil en un país donde muchos documentos están mal
administrados y no están digitalizados.
Según John Dayal, un conocido activista católico de derechos humanos y
firmante de la declaración enviada a Fides, “los ciudadanos del país no
deben colaborar con el gobierno ni proporcionar ninguna información para
la compilación de los registros". Dayal explica: “Pedimos a todos los
gobiernos estatales que suspendan inmediatamente el proceso de inicio
del NPR. Luego apelamos a las fuerzas de seguridad para que respeten los
derechos constitucionales del pueblo indio a protestar pacíficamente".
Muchos grupos y asociaciones de la sociedad civil en toda la India,
señala Dayal, están creando conciencia entre la gente común,
especialmente los pobres, Dalit y las tribus "sobre las nuevas medidas
que allanan el camino para la creación de la India como una nación
hindú".
Recientemente, los obispos indios, en un mensaje publicado al concluir
la 34ª Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal (CBCI), declararon
solemnemente que la Constitución debe protegerse del
"pseudo-nacionalismo", muy diferente del auténtico "patriotismo
constitucional" que la Iglesia y la sociedad civil defiende
enérgicamente.