San Salvador, EL SALVADOR (Agencia Fides, 28/02/2020) – La Asamblea Legislativa de El Salvador
aprobó el miércoles 26 de febrero la controvertida ley nacional de
reconciliación por crímenes cometidos durante la guerra civil, rechazada
por los defensores de los derechos humanos y por el presidente de El
Salvador, Nayib Bukele, quien dijo que pondrá el veto, ya que la ley no
se ajusta a una sentencia de la Corte Suprema de Justicia. De hecho, dos
días antes del vencimiento del mandato, la Asamblea aprobó con 44 votos
a favor (de 84 votantes), 11 en contra y una abstención, la ley
especial sobre la Justicia de Transición, Reparación y Reconciliación
Nacional.
La razón de la desaprobación es que gran parte del contenido final de
esta legislación se ha discutido sin involucrar a la opinión pública.
"Una ley que se ha elaboradoo sin consultar a las víctimas. En la
práctica, solo será un salto hacia la impunidad, una ley de amnistía
disfrazada", dijo a la prensa local el diputado Juan José Martell, del
Partido Cambio Democrático. "Con esta ley de una falsa reconciliación
nacional, se prescribirán crímenes de lesa humanidad, crímenes de
guerra, los cometidos durante el conflicto civil de 1980 a 1992",
agregó.
Para que la ley surta efecto, debe ser aprobada por el presidente
Bukele, quien ya se pronunció sobre el veto. "La Presidencia de la
República no sancionará ninguna ley que no contenga tres elementos
fundamentales para ser justo y constitucional: verdad, reparación,
justicia", publicó el presidente en su cuenta oficial de Twitter.
El domingo 23 de febrero, el Arzobispo de San Salvador, Mons. José Luis
Escobar, dijo a la comunidad salvadoreña: "Las sentencias del Tribunal
Constitucional son definitivas y deben respetarse. Esto no se ha hecho.
De hecho, vemos que no se ha trabajado en el tema. Estamos muy
preocupados". La Oficina del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) también dijo que
la ley impone sanciones que no son proporcionales a la gravedad de los
actos cometidos y que reducir la sentencia significaría una "amnistía de
facto".