Según la información de la Agencia Fides, la propuesta, elaborada por el Ministerio del Interior, y controlada por el Ministerio de Justicia, pretende desalentar el uso instrumental de la ley y las falsas acusaciones, introduciendo sanciones severas para quienes formulan falsas acusaciones de blasfemia. El proyecto de ley debe enmendar las deficiencias de procedimiento, introduciendo nuevas cláusulas en el protocolo a seguir en los casos de supuesta blasfemia, con el objetivo de asegurar que nadie “se haga justicia por sí solo”, sino que sean las instituciones del Estado (policía y poder judicial) quienes castiguen a los culpables.
Entre los cambios, el nuevo procedimiento haría necesario demostrar la “mens rea” (mala fe y la intención) que está detrás de un acto de blasfemia, una condición que no está presente hoy. Esto significaría que una condición para ser acusados es la voluntad precisa de cometer ese delito. Hecho, este, también considerado necesario por la sentencia de la Cámara Federal de la Sharia de 1990.
En un informe reciente, la “Human Rights Commission of Pakistan”, señala que el abuso de la ley sobre la blasfemia sigue causando opresión y el hostigamiento de ciudadanos inocentes. 14 ciudadanos paquistaníes están en el corredor de la muerte, mientras que otros 19 están en condenas a cadena perpetua por haber cometido presuntamente blasfemia. El número de casos registrados en los últimos 25 años (más de mil) sugiere que se ha abusado de la ley ampliamente, a menudo por venganzas personales. Según un informe del Centro de Investigación y Estudios de Seguridad, con sede en Islamabad, desde 1990, 52 personas acusadas de blasfemia han sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales.
