Violaciones de los derechos de las comunidades indígenas denunciadas por la REPAM

Morona Santiago, ECUADOR (Agencia Fides, 17/01/2017) – “Queremos manifestar nuestra profunda preocupación y firme denuncia de los acontecimientos recientes con relación al pueblo Shuar del Ecuador en la provincia de Morona Santiago, específicamente con respecto al desalojo de los pobladores, indígenas y campesinos, de la comunidad Nankints en favor de los intereses de la empresa minera china Ecuacorrientes S.A”: estas son las palabras de la nota enviada a la Agencia Fides por la REPAM (Red Eclesial Panamazónica).

“Campesinos e indígenas han compartido este espacio durante mucho tiempo. El desencadenante del conflicto actual se relaciona claramente con la política de sobre explotación de los bienes naturales que se ha impuesto en la región amazónica concediendo derechos a grupos privados, vulnerando gravemente los derechos humanos y la protección de los ecosistemas” continua la nota.

“Hacemos un llamado urgente al respeto de los derechos (sobre todo al de consulta previa, libre e informada para los pobladores), al diálogo sensato, al cese urgente y no repetición de un estado de excepción que favorece un contexto de mayor confrontación y violencia, y a privilegiar los intereses de las comunidades que han habitado en esos territorios por encima de los intereses extractivos externos”.

El 12 de enero, el gobierno del presidente Correa ha extendido durante 30 días más, el “estado de emergencia” debido al conflicto entre la comunidad Nankints y la empresa minera china Exsa. Según la prensa ecuatoriana, el estado de emergencia sirve sobre todo para militarizar la zona, para invadir las casas de los campesinos, o prohibir reuniones de todo tipo. En los primeros días de enero ha habido enfrentamientos entre residentes y fuerzas de seguridad que han causado la muerte de un militar y la detención de varios residentes. 

La Confederación Nacional de los Indígenas de Ecuador (CONAIE) ha denunciado que no hay pruebas en contra de los campesinos por los actos de violencia que se produjeron en diciembre de 2016 y enero de 2017. “Extender el estado de emergencia durante 30 días es una señal clara de la provocación y la incapacidad del gobierno para resolver los problemas de forma pacífica. Lo que ha hecho el estado ha sido simplemente quitar los derechos a las comunidades”, se lee en el comunicado de la CONAIE.