Manila, FILIPINAS (Agencia Fides, 12/02/2020) - "Estoy feliz por un lado y triste por el otro",
dice a la Agencia Fides el obispo Pablo Virgilio David, al frente de la
diócesis de Caloocan, al norte de Manila, comentando la cancelación de
las acusaciones de "sedición" contra cuatro obispos católicos.
El
Departamento de Justicia (DOJ) ha exonerado a cuatro obispos filipinos
de los cargos que en un primer momento los veía involucrados en una
denuncia de conspiración para derrocar al gobierno de Rodrigo Duterte,
junto con un grupo de 36 activistas, abogados y religiosos. Para muchos
observadores, esta maniobra era claramente intimidatoria con el fin de
silenciar a los críticos del gobierno.
"Estoy feliz de que los cargos penales de sedición, incitación a la
sedición, obstrucción de la justicia y calumnias cibernéticas
presentadas contra mí y mis hermanos obispos hayan sido rechazados por
el colegio de jueces, que han llevado a cabo las investigaciones
preliminares", ha afirmado Mons. David.
"Por otro lado, siento tristeza porque los jueces ven probable el envío a
juicio de dos sacerdotes, el P. Albert Alejo SJ y el P. Flavie
Villanueva SVD, y otros individuos por 'conspiración con el propósito de
sedición'. Sin embargo espero y rezo para que las acusaciones contra
ellos sean desmentidas pronto por los tribunales".
El Departamento ha establecido que los obispos no tenían intención de
cometer "sedición" y que las denuncias presentadas por Criminal
Investigation and Detection Group carecen de evidencia. Habían sido
acusados: el Arzobispo Socrates Villegas, guía de la comunidad de
Lingayen; el Obispo Pablo Virgilio David de Caloocan; el Obispo Honesto
Ongtioco de Cubao; el Obispo emérito Teodoro Bacani de Novaliches.
También han sido declarados inocentes el activista de derechos humanos
p. Robert Reyes y el educador de los hermanos de La Salle Armin Luistro.
Sin embargo, el mismo Departamento, ha recomendado continuar los
procedimientos contra los sacerdotes p. Albert Alejo y p. Flaviano
Villanueva y otras nueve personas, incluido el ex senador Antonio
Trillanes IV, por su presunta participación en un complot destinado a
derrocar al presidente Duterte. Todos los activistas, religiosos y
abogados involucrados han dicho repetidamente que no participarán en
ninguna acción por medios violentos o ilegales. La Conferencia de los
Obispos Católicos de Filipinas también ha trabajado en defensa de los
acusados, afirmando que las acusaciones iban "más allá de la
imaginación", señalando que tenían la finalidad de asustar y silenciar a
los obispos.
El presidente en los últimos años ha entrado en conflicto con la Iglesia
Católica sobre todo por el tema de la "guerra contra las drogas" y por
las violaciones de los derechos humanos, denunciadas repetidamente por
las ONG y también presente en un informe reciente de la ONG "Amnistía
Internacional", publicado el pasado 30 de enero. “Las familias de las
víctimas - señala Amnistía -, no han obtenido justicia para sus seres
queridos, debido a los enormes obstáculos existentes para presentar
denuncias contra los perpetradores, incluido el temor a represalias.
Tampoco se ha identificado ninguna responsabilidad significativa por los
asesinatos a nivel nacional".
Según datos oficiales, en la "guerra contra las drogas" de Duterte, más
de 6,000 personas han sido asesinadas en operaciones policiales,
mientras que los grupos de derechos humanos estiman la existencia de
otras 25,000 víctimas de asesinatos por "escuadrones de vigilantes", que
quedan del todo impunes.
Una investigación reciente realizada por el sitio de noticias online
filipino "Rappler" revela que el gobierno hasta ahora ha seguido una
actitud complaciente, dejando los casos de tales asesinatos sin
resolver, debido a las deficiencias sistemáticas del sistema judicial y
la falta de compromiso o complicidad de las fuerzas de policía.
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