Manila, FILIPINAS (Agencia Fides, 22/10/2019) – “El gobierno y los funcionarios de prisiones
tienen el deber de tratar a los presos con dignidad”. Es el llamamiento
que hace el obispo Pablo Virgilio David de Kalookan, a través de la
Agencia Fides. “No estoy recordando los derechos humanos sino invocando a
la misericordia. Los detenidos no solicitan un trato especial como el
reservado para los presos más ricos de la prisión de New Bilibid en
Muntinlupa. Solo piden ser tratados como seres humanos”, asegura
monseñor David, vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Filipinas.
El obispo señala que muchos presos han cometido delitos relativamente
menores, a menudo en circunstancias de extrema pobreza y desesperación y
“se marchitan en prisión por falta de educación, falta de asistencia
legal y pobreza debido a un sistema judicial deficiente”. “Incluso
permanecen en prisión mucho después de que se haya cumplido su condena
por cosas como que se ha cambiado su expediente con el de otra persona
para que se libre antes de prisión. Son los manejos corruptos de un
sistema que premia la ilegalidad”. “Es urgente reformar nuestro sistema
de gestión y justicia penal para garantizar que se base en la justicia
restaurativa, como en la mayoría de las sociedades civiles”, indicó.
Aseguró que si los líderes políticos declaran abiertamente que “los
criminales no pueden ser reinsertados” y que “los drogadictos no son
humanos” o si los funcionarios del gobierno alientan abiertamente a la
policía a matar, “no se puede esperar que las fuerzas del orden tengan
comportamientos que respeten la dignidad humana”. “Terminarán actuando
como delincuentes. Actuarán con impunidad. No tendrán escrúpulos para
ejecutar de forma sumaria a los transgresores de la ley o en abusar de
los detenidos”, señala Monseñor David. “Si no se aplica ningún sistema
de control a las fuerzas del orden empezarán a abusar de su poder”,
advierte. “También se protegerán mutuamente y los subordinados
permanecerán en silencio, incluso si son plenamente conscientes de los
abusos cometidos por sus superiores, esperando la oportunidad de hacer
lo mismo”, continúa.
El obispo señala que es un problema para la democracia y el estado de
derecho cuando “la policía abdica de su papel de proteger los derechos
humanos de los ciudadanos, no respeta los derechos humanos y trata a los
defensores de los derechos humanos no como aliados sino como enemigos”.
Según el informe de una Comisión gubernamental, las condiciones dentro
de las cárceles están empeorando: el hacinamiento de las estructuras de
la prisión ha alcanzado el 612%, con una población total de 146,000
presos cuando la capacidad es para 21 000. En los últimos años, la
población carcelaria ha crecido por “la cruzada antidrogas” del
presidente filipino Rodrigo Duterte.
La Comisión también señala un aumento de casos de presos que han
contraído enfermedades en los últimos tres años, debido a las malas
condiciones sanitarias y al hacinamiento.