Yangon, MYANMAR (Agencia Fides, 15/02/2021) – “Nuestro llamamiento es: detener las detenciones ilegales de ciudadanos realizadas de la noche a la mañana. Seguiremos alimentando el Movimiento de Desobediencia Civil que miles de personas de buena voluntad, de todas las culturas, clases sociales, etnias, religiones, están continuando en todo Myanmar. Queremos expresar nuestra disconformidad pacífica pero firme hacia el gobierno militar. Queremos inspirarnos en Gandhi y la no violencia del Evangelio”: así Joseph Kung Za Hmung, laico católico birmano, editor del diario católico "Gloria News Journal" describe a la Agencia Fides la situación social en Mynamar tras el golpe militar que trastocó los resultados de las elecciones democráticas de noviembre.
Jospeh Kung dice a la Agencia Fides: “El Movimiento de Desobediencia
Civil se fortalece día a día e involucra al personal de todos los
ministerios, aunque los militares piden volver a trabajar para poder
realizar la administración regular del país. Muchos se han negado a
regresar. A trabajar en sus ministerios, tanto a nivel del gobierno
federal, como en oficinas a nivel regional, en todo el país”.
Habiendo entrado en el décimo día de desobediencia civil, Myanmar
todavía está atravesado por manifestaciones callejeras que piden la
liberación de Aung San Suu Kyi y el presidente Win Myint, arrestados a
raíz del golpe de estado que vio a Tatmadaw (el ejército nacional
birmano) retomar el poder que el mismo había dejado en manos del primer
gobierno civil birmano en 2015.
A pesar de los temores que se han extendido durante el fin de semana, la
jornada fue testigo de un enfrentamiento continuo entre la policía y
los manifestantes, pero sin llegar a la dura “represión” que se temía
cuando, durante el fin de semana, comenzaron a circular vehículos
blindados del ejército y grupos de personas ambiguas en los barrios de
las ciudades más importantes. Se temía que se repitieran las
provocaciones de grupos de delincuentes, que en 1988 dieron al Tatmadaw
el pretexto para reprimir las protestas estudiantiles contra la
dictadura militar.
Por ello, grupos de ciudadanos autoorganizados han puesto en marcha
patrullas de vigilancia que han aislado a estos personajes, muchos de
los cuales podrían haber sido contratados entre los 23.000 presos
liberados por la junta en los últimos días: para vaciar las cárceles
(donde se encuentran unos 400 disidentes políticos). ahora detenidos) y
tal vez para utilizar a algunos de ellos como provocadores.
El nuevo gobierno, que ha tomado la denominación de “Consejo
Administrativo del Estado”, ha suspendido mientras tanto la ley de
protección de la privacidad, legitimando detenciones y allanamientos sin
orden judicial mientras se prepara una nueva ley de ciberseguridad con
la tarea de gestionar basándose en nuevas leyes, las redes sociales y la
difusión de Internet. Son actividades de las que el país no puede
prescindir (a estas alturas las actividades económicas y burocráticas
dependen en gran medida de la web) pero que pueden gestionarse con
firewalls y sistemas de control de la actividad telemática.
En el frente internacional, mientras tanto, la presión ha aumentado en
vísperas de la audiencia judicial de Aung San Suu Kyi en Naypyidaw (no
está claro si en persona o a través de la web) que, estaba programada
para hoy, pero qe se ha pospuesto sin motivo a pasado mañana. No se sabe
si el presidente también será interrogado. Los dos líderes están
acusados de violar las leyes de importación y las restricciones anti
Covid. Si bien Estados Unidos ya ha lanzado sanciones económicas y una
docena de embajadas han publicado comunicados de condena de una posible
nueva violencia, el secretario general de la ONU, António Guterres,
pidió ayer al ejército y la policía de Myanmar que garanticen que el
derecho de reunión pacífica sea “plenamente respetado” y que los
manifestantes “no están sujetos a represalias”. Hace tres días, la Alta
Comisaria Adjunta de la ONU para los Derechos Humanos, Nada al-Nashif,
señaló que la falta de acción sobre las violaciones
cometidas por los militares birmanos los ha “alentado” contribuyendo a
la crisis actual y que el uso indiscriminado de armas contra los
manifestantes pacíficos -añadió- es “inaceptable” ya que “más violencia
contra el pueblo de Myanmar sólo agravará la ilegalidad del golpe y la
culpabilidad de sus líderes”.
