Pacaraima, BRASIL (Agencia Fides, 20/03/2021) - El 17 de marzo, agentes de la Policía Federal y de la Policía Civil del Estado de Roraima, actuando de forma desproporcionada, llevaron a cabo una operación en Pacaraima, ciudad fronteriza entre Brasil y Venezuela, entrando en casas sin orden judicial y desalojando a más de 70 personas, entre ellos 21 mujeres, algunas embarazadas, y 40 niños migrantes, que se alojaban en la Casa San José, un refugio gestionado por las Hermanas de San José y por la Pastoral del Migrante de la Diócesis de Roraima, así como por la Iglesia de la Asamblea de Dios de Aguas Vivas. Los responsables y trabajadores de la estructura también fueron llevados a la comisaría y se les confiscaron los teléfonos.
A raíz de este grave suceso, 121 organizaciones sociales y eclesiales
han publicado una nota en la que exigen “justicia y dignidad, y que se
ponga fin a la violencia”, pidiendo a las autoridades competentes que
intervengan “para evitar que se repitan estos hechos o que se produzcan
posteriores y gravísimas violaciones de los derechos de los migrantes y
trabajadores humanitarios”.
La nota denuncia que lo que hacen los trabajadores humanitarios y los
centros de acogida no es un delito sino un acto de humanidad, “para
ayudar a seres humanos en situación de alta vulnerabilidad y evidente
necesidad de refugio. Acoger y ayudar a quienes sufren hambre, miseria y
graves violaciones de derechos es un acto de humanidad”.
Recordando al poder público sus responsabilidades en este ámbito, los
firmantes subrayan que este tipo de operaciones provocan “un gran temor
en la población de migrantes y refugiados, que, aterrorizados, acaban
por no acudir a los servicios esenciales”.
Las organizaciones sociales y eclesiales denuncian “con indignación los
reiterados ataques a los derechos de la población inmigrante”,
perseguida por los cuerpos de seguridad de Roraima, estado fronterizo
con Venezuela, recordando “que el acto de migrar nunca puede ser llamado
ilegal, sino un derecho humano universal”. Al mismo tiempo, afirman que
“incluso la asistencia social y humanitaria prestada a los migrantes
irregulares por las organizaciones de la sociedad civil no es ilegal”,
lo que debería conducir al respeto de las actividades de las
organizaciones de la sociedad civil y de los trabajadores humanitarios.