Bagdad, IRAK (Agencia Fides, 30/03/2021) - El gobierno iraquí ha nombrado un comité
inter-ministerial para trabajar en las sugerencias y propuestas que
surgieron durante la reciente visita del Papa Francisco a Irak. Así lo
informa el periódico árabe Al Araby Al Jadeed, citando de forma genérica
y anónima “fuentes de alto nivel” del gobierno iraquí.
Las “recomendaciones” contenidas en el dossier que está en el centro de
los trabajos de la comisión gubernamental –refiere la fuente citada,
refiriéndose también a las conversaciones del Papa Francisco con el
presidente iraquí Barham Salih y el primer ministro Mustafa al Kadhimi
durante la visita papal- tienen como objetivo sugerir soluciones a los
problemas de seguridad, sostenibilidad económica y reconstrucción de
posguerra que pesan en particular sobre la condición de las comunidades
cristianas y otros componentes sociales especialmente en las
gobernaciones de Nínive y Bagdad. La fuente gubernamental citada por el
periódico con sede en el Reino Unido se refiere en particular a los
problemas relativos a la seguridad y los atribuye a la persistencia de
las milicias organizadas según un criterio confesional que siguen
actuando en la gobernación de Nínive, zona en la que históricamente
estaban arraigadas las comunidades cristianas autóctonas. El expediente
que está estudiando la comisión gubernamental incluye la cuestión de los
bienes inmuebles arrebatados ilegalmente en los últimos años a las
familias cristianas obligadas por el conflicto y la violencia a
trasladarse a otras zonas del país o a emigrar al extranjero.
A principios de 2021, según informó la Agencia Fides, el líder chiíta iraquí Muqtada al Sadr (jefe de la formación
política sadrista que goza de una fuerte representación en el Parlamento
de Bagdad) había ordenado la creación de un Comité ad hoc, encargado de
recoger y verificar las informaciones y denuncias sobre los casos de
expropiación indebida de bienes inmuebles sufridos en los últimos años
por propietarios cristianos en diferentes regiones del país. La decisión
se dio a conocer en un comunicado en el que se indicaban los nombres de
los colaboradores de Muqtada al Sadr elegidos como miembros del Comité,
así como las direcciones de correo electrónico y las cuentas de
whatsapp a las que los cristianos podían enviar los documentos de
propiedad relativos a los bienes inmuebles -casas y terrenos- apropiados
ilegalmente en los últimos años por otras personas o grupos de
personas.
El objetivo de la operación auspiciada por el líder chiíta -dice el
comunicado- era restablecer la justicia, poniendo fin a las violaciones
de los derechos de propiedad de los “hermanos cristianos”, incluso
cuando eran cometidas por miembros del propio movimiento sadrista. La
petición de informar de los casos de expropiaciones ilegales sufridas se
extendió también a las familias de los cristianos que han abandonado el
país en los últimos años, con la solicitud de que enviaran a la
comisión antes del final del próximo Ramadán los informes de las
usurpaciones fraudulentas sufridas.
El fenómeno del robo ilegal de las viviendas de los cristianos se ha podido extender gracias a la connivencia y la cobertura de funcionarios corruptos y deshonestos, que se ponen al servicio de impostores individuales y de grupos organizados de defraudadores. El robo “legalizado” de las propiedades de las familias cristianas está estrechamente relacionado con el éxodo masivo de cristianos iraquíes, tras las intervenciones militares dirigidas por Estados Unidos para derrocar el régimen de Sadam Husein. Muchos defraudadores se apropiaron de casas y terrenos que quedaron desatendidos, contando con la fácil previsión de que ninguno de los propietarios volvería a reclamar sus propiedades.
En este marco, por su parte, el sacerdote Albert Hisham, de la oficina
de comunicaciones del Patriarcado caldeo, interpelado por Al Araby
Al-Jadeed ha informado de que hasta ahora no se han dado noticias
precisas y oficiales sobre la restitución a los legítimos propietarios
de los bienes sustraídos ilegalmente a las familias cristianas iraquíes,
y ni siquiera se han dado a conocer todavía los procedimientos y
disposiciones puestos en marcha al respecto por el gobierno de Bagdad.