Lahore, PAKISTÁN
(Agencia Fides) – “Es urgente detener al verdugo y no hacer que
Pakistán camine hacia atrás en el tiempo. Decimos 'no' a la
ejecución del musulmán Shoaib Sarwar, que sería el primer civil
ejecutado en seis años, y pedimos al gobierno que emprenda un camino
hacia la abolición de la pena de muerte”: es el llamamiento
confiado a la Agencia Fides por Cecil Shane Chaudhry, Director
Ejecutivo de la Comisión Nacional “Justicia y Paz” (NCJP) de los
Obispos Católicos de Pakistán.
Según lo anunciado
por las autoridades paquistaníes, la ejecución del hombre - un
preso condenado a muerte en 1998 por cargos de asesinato - está
prevista para mañana, 18 de septiembre en la cárcel de Rawalpindi.
En el país, varias asociaciones de la sociedad civil como la “Human
Rights Commission of Pakistan” y también organizaciones no
gubernamentales como Amnistía Internacional, han alzado la voz para
pedir al gobierno que detenga al verdugo, confirmando oficialmente
una moratoria sobre la pena de muerte, como paso hacia la abolición.
La condena a Sarwar
ha sido confirmada después de dos apelaciones rechazadas en 2003 y
2006 por el Tribunal Superior de Lahore y por el Tribunal Supremo. El
hombre está en el corredor de la muerte. Si es ejecutado, sería la
primera víctima civil desde 2008 (en 2012 fue ejecutado un soldado).
Cecil Shane Chaudhry remarca a Fides: “Como cristianos pedimos la
abolición de la pena de muerte, que no es una herramienta útil para
disuadir o prevenir el delito. Es un instrumento que afecta a la
dignidad del hombre. En Pakistán, muchos inocentes están en prisión
y podrían morir por errores de la justicia”.
Según Chaudhry, “el
gobierno de Nawaz Sharif podría de alguna manera ser empujado a
restaurar la pena capital bajo la presión de los grupos
extremistas”, pero la sociedad civil está en contra. El 26 de
septiembre, se llevará a cabo en Lahore una convención organizada
por la “Human Rights Commission of Pakistan” para coordinar todo
el movimiento que se opone a la pena de muerte, en la que participa
la NCJP.
Según Amnistía
Internacional, “la suspensión de las ejecuciones en vigor en
Pakistán en los últimos años es una de las pocas áreas de los
derechos humanos en Pakistán, que registra un récord positivo. La
reanudación de las ejecuciones sería una regresión grave”. En
Pakistán, más de 8.000 presos están en el corredor de la muerte y
la mayoría han agotado el proceso de apelación y están en espera
de ejecución.
