La pesca ilegal y la esclavitud: un fenómeno grave que penaliza a Tailandia

Chiang Mai, RTILANDIA (Agencia Fides, 26/01/2016) – A través de fuentes bien informadas hemos venido a saber que: “en Tailandia son cada vez más numerosos los testimonios de prácticas de esclavitud extremas (hasta el asesinato de los desobedientes) llevadas a cabo en buques pesqueros ilegales que no atracan en ningún puerto durante años sino que se intercambian productos y personas en aguas internacionales, para eludir los controles”. Desde el pasado mes de abril, cuando los EE.UU. dieron un ultimátum al gobierno de Tailandia, para que establezca una normativa estándar mínima sobre los métodos de pesca practicados por los pesqueros de bandera siamés, no se han hecho muchos progresos.
 
“La denuncia de la pesca ilegal en aguas territoriales de otros, de métodos de pesca para nada sostenibles, y sobre todo, el uso de mano de obra esclava en la industria pesquera, ya estaba había sido lanzada por varias organizaciones en defensa de los derechos humanos. Desde abril de 2015 hasta enero de 2016 se han tomado algunas medidas contra la lucha a la corrupción, la trata de personas (principalmente birmanos y Rohinja), al control de permisos para el funcionamiento de las industrias pesqueras. Sin embargo los Estados Unidos, a finales de este mes, emitirán el veredicto sobre la conveniencia de seguir importando gambas y pescado thailandés o si lo boicotearán. Europa también se ha unido a la protesta y amenaza con el boicot. El Gobierno se defiende con la inmensidad y complejidad del fenómeno y el poco tiempo concedido para regularizar este sector”.
 
“A pesar de las evidentes y detalladas pruebas de culpabilidad de las autoridades, también denunciadas por algunos militares que luego han solicitado asilo político en Australia, no se toma en serio la gravedad del problema, que afecta no sólo a uno de los sectores fundamentales de la economía de Tailandia, después del turismo, sino que se entrelaza con una red de tráfico de esclavos, de fosas comunes, de violación de los acuerdos internacionales y del incumplimiento de las normas exigidas por el mercado de pescado”. El estado ha ordenado el cierre de determinadas estructuras ilegales, el secuestro de barcos sin permiso, y se ha comprometido a luchar contra el abuso físico de las personas, además de la creación del ‘Command Center to Combat Illegal Fishing’.