Brasilia, BRASIL (Agencia Fides, 19/02/2017) – Lo que ha ocurrido el 16 de febrero de 2017
se puede definir como un evento histórico, sin precedentes en la
historia de América Latina: se trata de la reunión entre los ministros
de Justicia (o sus representantes) de 11 países de América Latina con el
propósito principal de buscar soluciones conjuntas para gestionar un
único evento internacional: el caso Odebrecht.
Odebrecht es un gigante brasileño de la construcción directamente
involucrado en el escándalo sobre los fondos negros “Petrobras”, cuyas
ramas ya han superado las fronteras de Brasil, extendiéndose a otros
países.
La conclusión del encuentro, que se llamará de ahora en adelante
“Declaración de Brasilia sobre la Cooperación Jurídica Internacional
contra la Corrupción”, contiene ocho acuerdos firmados por los delegados
de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú,
Portugal, República Dominicana y Venezuela. El primer punto del acuerdo
prevé que todos los países firmantes se comprometan en una cooperación
judicial eficaz y rápida en el caso Odebrecht.
La historia de Odebrecht sigue aumentando y ve implicado en una cuestión
de corrupción a políticos y funcionarios de cada país de la lista. En
muchos países la Iglesia ha elevado su voz, citando el caso en la lucha
necesaria contra la corrupción. En Perú, la Conferencia Episcopal ha
pedido una aclaración en favor de la transparencia y la firmeza, mientras que la Justicia peruana ha informado sobre
las medidas previstas con el fin de encontrar a los responsables delos
29 millones de dólares gastados ilegalmente en el país entre los años
2005-2014 como sobornos o comisiones ilegales a políticos e
intermediarios implicados. A nivel internacional, los jueces aún no han
especificado la cantidad de dinero que se ha pagado a los políticos y a
los funcionarios públicos en los países, pero, según las primeras
estimaciones, se habla de una cifra total que gira en torno a los 800
millones de dólares.