Lahore, PAKISTÁN (Agencia Fides, 22/02/2017) - Un tribunal anti-terrorismo de Lahore ha
condenado a 42 cristianos por terrorismo. Según la información de la
Agencia Fides, la Corte ha dictaminado la sentencia contra los
ciudadanos cristianos acusados del linchamiento ocurrido tras los
atentados terroristas contra dos iglesias (una católica, una
protestante) en el distrito de Youhanabad, Lahore, el 15 de marzo de
2015.
Después de las explosiones, se desencadenó una protesta entre los fieles
que detuvieron y mataron - en un acto condenado por todos los líderes
cristianos – a dos musulmanes sospechosos de ser autores o cómplices de
los terroristas. En los días sucesivos, la policía realizó varias
incursiones en el distrito arrestando a unas 500 personas y luego
confirmando la detención a 84 cristianos, acusados de asesinato y
terrorismo. Entre ellos, 42 fueron absueltos en el verano de 2016. Entre
los otros 42 condenados hoy, tres activistas de los derechos humanos
han sido etiquetados como “instigadores de la violencia”. Los cristianos
afirman que los asesinatos fueron cometidos por unos agitadores,
infiltrados entre la comunidad.
La Comisión Nacional de Justicia y Paz de los Obispos católicos, en un
comunicado enviado a la Agencia Fides, expresa su decepción “porque las
fuerzas del orden y las autoridades se han centrado únicamente en el
caso deplorable del linchamiento, que debe ser condenado fuertemente,
pero los autores del atentado criminal en las iglesias, contra fieles
inocentes, siguen impunes”.
Según la Ong “Centre for Legal Aid, Assistance and Settlement” (CLAAS)
al menos 32 acusados “están acusados injustamente” y sobre el veredicto
pueden haber pesado las presiones de los extremistas musulmanes.
Para evitar incidentes de este tipo, en los últimos días la Asamblea
Nacional de Pakistán ha aprobado la “Criminal Laws Amendment Act 2016”,
una ley que castiga el sectarismo, las conversiones forzadas y el
linchamiento de masas. El texto, que para entrar en vigor debe ser
firmado por el Presidente de la nación, ha sido acogido como un paso
hacia delante en las condiciones de las minorías religiosas. Las nuevas
normas modifican algunas leyes que ya existen, prescribiendo la pena de
prisión de uno a tres años por incitar al odio religioso y a la
violencia, y prevén la prisión de hasta 10 años en los casos de
matrimonios forzados de niñas menores de edad o mujeres de las minorías.
El texto también hace que sea un delito penal el linchamiento por parte
de las “multitudes que toman la ley en sus propias manos”.