Tibú, COLOMBIA (Agencia Fides, 25/04/2018) - “El ruido de la guerra tiene más impacto que el
clamor de un pueblo”. Esta es la denuncia de Mons. Omar Sánchez
Cubillos, obispo de Tibú (norte de Colombia), en una declaración de
vídeo recibida en la Agencia Fides. Comentando un comunicado de la
diócesis, el prelado ha puesto de manifiesto la situación de amplias
zonas de la región amazónica del Catatumbo, en la frontera con
Venezuela, donde la población es la principal víctima de la guerra
generada por el enfrentamiento entre grupos armados como el ELN
(Ejercito de Liberación Nacional, que oficialmente está en estado de
cese el fuego, a la espera de retomar las conversaciones de paz con el
gobierno) y el EPL (Ejercito Popular de Liberación) y sus respectivos
grupos disidentes.
Después de los acuerdos de paz con las FARC y su desmovilización, el
Catatumbo se ha convertido en tierra de nadie, disputada entre el ELN y
el EPL que, después de confrontaciones continuas, están en un estado de
guerra entre sí. El lunes, la prensa local publicó un vídeo que mostraba
a seis miembros muy jóvenes del ELN que habrían sido secuestrados por
la disidencia del EPL, mientras que el día anterior el EPL oficial había
informado al público sobre su disposición para dialogar. El obispo
afirma que la movilización armada sin fecha de caducidad decidida por el
EPL el 15 de abril,está provocando un confinamiento de civiles,
víctimas de la violencia y el terror infundidos por la guerrilla en cada
uno de sus movimientos.
“Desafortunadamente se constata que quien
domina el territorio con las armas puede determinar quién sale, quién
entra, quién trabaja, quién vive o quién muere”, acusa. La guerra tiene
un límite, advierte Mons. Sánchez, pidiendo a los grupos
rebeldes que se sometan al Derecho Internacional Humanitario, que
protege a la población, además de advertir acerca de la crisis económica
que se avecina si no se pone fin a todo esto, con la ruptura de los
procesos sociales que comenzaban a tomar forma en la zona.
El obispo también pide al Estado, de forma urgente una mayor presencia,
que pueda detener el inminente desplazamiento de civiles, y la posible
crisis humanitaria que está a las puertas. “Como Estado – y como Iglesia
en lo que nos toca a nosotros-, debemos ayudar a preparar a las
comunidades para tener mecanismo de protección muy claros. Como lo
estamos haciendo desde las diócesis en escuelas y en algunos cascos
urbanos de estos corregimientos”. Luego asegurando que los sacerdotes
seguirán acompañando a las comunidades, ha pedido oraciones al pueblo
colombiano, alentando a la población para que de esta crisis se saquen
enseñanzas positivas “porque el Catatumbo se merece una página que
finalmente se escriba con reconciliación y paz”.
El comunicado de prensa también denuncia la desinformación de los medios
en este sentido. Organismos como las Naciones Unidas y la Organización
de Estados Americanos confirman que no se han producido conflictos
armados y, sin embargo, “la violencia simbólica se ha estructurado y
difundido mediante la imposición de normas y amenazas a los ciudadanos”.
Además, se ha producido carencia de subsistencias. La ONU habla de al
menos de 144,000 personas que han sufrido serias restricciones en el
acceso a bienes y servicios esenciales o limitaciones en su movilidad,
además de 2,819 personas desplazadas y 44,829 niños que no pueden ir a
la escuela. Los menores, las personas mayores, los jóvenes, las mujeres
embarazadas y las comunidades indígenas son los sectores más afectados
“Las estrategias empleadas en este escenario de control”, advierte el
comunicado, “afectan al estado emocional y psicosocial de personas y
comunidades, lo que repercute en la reactivación del
silencio, alimentado por las sensaciones de miedo y angustia, como
mecanismo de respuesta ante las secuelas de la violencia”.