No a una nueva ley sobre la seguridad que suspende los derechos civiles

Ahmedabad, INDIA (Agencia Fides, 26/09/2016) - La nueva ley de seguridad interior, que será presentada al Parlamento de Gujarat para su aprobación, “es una medida draconiana, indefendible,que suspende los derechos civiles y autoriza a la policía a detener a cualquier persona sobre la base de meras sospechas”: lo dice a la Agencia Fides el jesuita p. Cedric Prakash, activista de los derechos humanos, criticando la propuesta que el gobierno del estado occidental de la India tiene la intención de poner en marcha. El proyecto de ley, que debe ser presentado en la asamblea estatal durante la próxima sesión, “niega los derechos fundamentales de los ciudadanos y va en contra del espíritu de la Constitución de la India”, afirma el padre Prakash, recordando que la ley prevé la posibilidad de realizar detenciones solamente por una mera sospecha de ser una amenaza para la seguridad interna, además de la vigilancia electrónica de estructuras públicas y privadas, dando amplios poderes especiales a la policía.
 
La ley, según el gobierno, sirve para combatir el terrorismo, el insurreccionalismo, el comunitarismo y la violencia de castas. “Pero todo esto es muy irónico, dado que los autores de tales actos realizados desde 2002 en Gujarat, ahora ocupan altas posiciones de poder y de privilegio en el país y están envueltas por la inmunidad”, señala el jesuita.
 
“Esta ley ha sido diseñada para sofocar la disidencia de amplios sectores de la sociedad, para sofocar a los defensores de derechos humanos y a cualquier otra persona que reclame sus derechos legítimos y democráticos”, continúa. “Las voces de protesta y de disidencia en Gujarat y otras partes no pueden ser silenciadas; los que toman partido por la verdad y la justicia no podrán ser silenciados”. En estado en el que era Primer Ministro Narendra Modi, actualmente  Primer Ministro de la Federación India, ya ha visto medidas restrictivas de este tipo, como la Gujarat Freedom of Religion Act, aprobada en 2013, una ley que hace obligatoria la autorización por parte de las autoridades civiles antes de poder cambiar de religión. “A pesar de que se regodea del respeto a la libertad religiosa, la India ha día de hoy no ha retirado esta ley anti-constitucional” señala Prakash.