Lahore, PAKISTÁN (Agencia Fides, 15/02/2017) – Aplicar de inmediato el plan de acción nacional
contra el terrorismo, que debe ser “la máxima prioridad del gobierno,
si se quiere erradicar el terrorismo y el extremismo del país” es lo que
piden los obispos católicos de Pakistán en un mensaje tras el atentado
suicida que ha devastado la ciudad de Lahore.
El 13 de febrero, frente al Parlamento de Punjab, durante una protesta
de trabajadores del sector farmacéutico, un terroristas suicida se
inmoló causando 13 muertos y más de 100 heridos, 20 de ellos en estado
grave.
Además del ataque en Lahore, dirigido principalmente contra la policía, ocurrió otra explosión en Quetta.
“Una vez más hemos sido atacados brutalmente por las fuerzas
extremistas”, señala el comunicado de la Comisión Episcopal “Justicia y
Paz” de Pakistán (NCJP), enviado a la Agencia Fides y firmado por el
presidente, el obispo Joseph Arshad, y por el Director Nacional, el p.
Emmanuel Yousaf.
“En Pakistán cada vez hay más incertidumbre sobre la vida. Rogamos a
nuestro Señor Jesucristo, que nos otorgue la sabiduría, la tolerancia y
la paz. Que Dios dé a las familias de las víctimas la fuerza para
soportar la pérdida de sus seres queridos, y ayude a la recuperación
rápida de los heridos”, afirma la Comisión.
El atentado suicida en Lahore ha sido reivindicado por la facción
“Jamaatul Ahrar”, separada del grupo famoso “Tehreek-e-Taliban
Pakistan”, ambos prohibidos por el gobierno, que han lanzado una nueva
ofensiva contra los departamentos gubernamentales en todo el país.
“El asesinato de manifestantes inocentes y funcionarios de la seguridad
es inaceptable. Mientras presentamos nuestras condolencias a las
familias de las víctimas, rendimos respeto y homenaje a los policías
muertos y rezamos por sus familias y por los heridos”, se lee en el
texto publicado por los obispos.
Por su parte el primer ministro de Pakistán y todas las instituciones
públicas han condenado enérgicamente el atentado, la Comisión insta al
Gobierno a “llevar a los responsables ante la justicia y abordar las
causas fundamentales de esta intolerancia, aumentando las medidas para
la protección de todos los ciudadanos”. De hecho, a pesar de las alertas
que circulaban, “el gobierno ha fallado en proteger a sus ciudadanos y
agentes de policía”. Por lo tanto, la Comisión pide que se aplique el
plan de acción nacional contra el terrorismo, equipando adecuadamente a
los agentes del orden.