Managua, NICARAGUA (Agencia Fides, 05/10/2018) – "El pueblo que no conoce su propia historia
está condenada a repetirla" es una de las expresiones populares de
América Latina. En Nicaragua, desde el inicio de las manifestaciones
contra el gobierno, el régimen de Ortega-Murillo no ha escatimado los
arrestos y la violencia contra los ancianos, y esto se ha repitido el
fin de semana pasado. Según el Centro Nacional de Derechos Humanos
(Cenidh), hay doce adultos mayores, todos mayores de 60 años,
considerados presos políticos desde el comienzo de la represión.
La nota enviada a Fides recuerda que la policía de Ortega lanzó bombas
lacrimales contra una marcha de jubilados el 19 de abril en Masaya,
mientras que el día anterior, el 18 de abril, Nicolás Palacios, de 64
años, había sido atacado por tres simpatizantes de Ortega, en Leon.
Estos fueron los dos episodios clave que despertaron a la población,
quienes a partir de ese momento salieron a las calles a protestar.
Durante el pasado fin de semana, Doña Coquito (Miriam de Socorro Matus,
76) también fue arrestada, llevada a prisión y puesta en libertad ese
mismo día. Durante estos 5 meses de crisis sociopolítica, el presidente
Ortega reprimió a los manifestantes sin discriminación, incluidos los
niños y los ancianos.
La Iglesia Católica vigila de cerca el sufrimiento del pueblo
nicaragüense, recordando que los católicos también están presentes
pacíficamente en manifestaciones callejeras. Ayer, monseñor Silvio José
Báez, obispo auxiliar de Managua, recordó a través de Twitter algunas
palabras del Evangelio: "¡Vayan! Yo los envío como a ovejas en medio de
lobos" (Lc 10, 3), y comentó: "En una sociedad herida y sangrante, el
creyente no debería ser un lobo más, pero tampoco puede ser indiferente
ante los lobos que continúan sembrando muerte".
La situación en el país sigue siendo muy tensa: ayer hubo se creó "La
Unidad Nacional Azul y Blanca", una asociación de organizaciones de la
sociedad civil que incluye empresarios, estudiantes, campesinos,
profesionales, defensores de los derechos humanos y otros, que
convocaron a una marcha contra el régimen el próximo domingo, porque,
subrayaron, "no dejarán las calles ni las plazas, porque pertenecen al
pueblo". La apelación es un claro desafío a la decisión de la dictadura
de Daniel Ortega, quien el 29 de septiembre declaró ilegales todas las
marchas en su contra y amenazó con procesar a los que piden
manifestaciones.
A nivel internacional, la Ley Magnistky Nica, que implica sanciones para
Nicaragua, ya está incluida en el calendario de trabajo que se
discutirá en el Senado de los Estados Unidos: el proyecto de ley
magnistky se refiere a una situación internacional concreta, y debe
presentarse cuando son intereses de los Estados Unidos y de los pueblos
democráticos que se encuentran en situaciones de urgencia.