Tehuantepec, MÉXICO (Agencia Fides, 24/06/2020) - “Con profunda preocupación”, Monseñor
Crispín Ojeda Márquez, obispo de la Diócesis de Tehuantepec y Mons.
Arturo lona Reyes, obispo emérito y presidente del Centro de Derechos
Humanos Tepeyac A.C., se han dirigido al Presidente de México, al
Gobernador del estado de Oaxaca y a la Ministra del Gobierno, pidiendo
que intervengan en los eventos que están dañando “de manera profunda a
una comunidad indígena”. La desatención ancestral y actual por parte de
varios niveles de gobierno, “ha traído como consecuencia una grave
violación a sus derechos humanos: el derecho a la vida, a la integridad y
seguridad personal, al desarrollo, al acceso pleno de los derechos
económicos sociales y culturales, el derecho a la paz”.
En su comunicado, recibido en la Agencia Fides, los obispos recuerdan
que el derecho a la paz de la comunidad indígena Ikots de San Mateo del
Mar ha sido violado. El 3 de mayo el agente municipal suplente de
agencia municipal de Huaztlán del Río fue asesinado y no se sabe que se
haya procurado justicia por tal acontecimiento. El 21 de junio fue
convocada una asamblea comunitaria en la comunidad de Huaztlán del Río,
pero se produjo un ataque por parte de un grupo armado, seguido por
actos de violencia, que han causado varios muertos y heridos.
“Como defensores de derechos humanos – escriben los dos Obispos -, nos
preocupa la violencia que existe en la comunidad indígena de San Mateo
del Mar, pero sobre todo que puedan existir actores ajenos a la
comunidad que alientan la violencia entre hermanos. Nos preocupa que aún
cuando se tiene conocimiento que el problema que viven los hermanos de
San Mateo del Mar es de alto riesgo para la vida, la seguridad y la paz,
las acciones que han realizado el gobierno federal y estatal, no
previnieran la violencia que se generó y que dio como resultado la
muerte, lesiones y daños de personas”.
Por ello los obispos presentan una serie de peticiones a las más latas
autoridades del estado mexicano, tales como: garantizar a las familias
de las víctimas las medidas de apoyo y asistencia que señala la Ley
General de Víctimas. Asistencia psicológica y médica a los niños niñas y
adolescentes que han quedado huérfanos. Atención médica a los
lesionados en clínicas especializadas. A las mujeres víctimas de
violencia se dé un trato diferenciado atendiendo a lo dispuesto por la
convención sobre la eliminación toda forma de discriminación contra la
mujer. Se realicen las investigaciones penales y administrativas que
correspondan, para que los hechos ocurridos no se queden en la
impunidad. Por último también piden que “se inicie un proceso de paz y
reconciliación que garantice la pacificación interna de la comunidad,
así como de las poblaciones vecinas”.