Montevideo, URUGUAY (Agencia Fides, 26/06/2020) – “Necesitamos un Uruguay que acoja, proteja,
promueva y acompañe a cada persona en toda su existencia, incluida la
etapa final de su vida terrena, a través de la fundamental ayuda de la
familia, la medicina paliativa y la genuina experiencia religiosa”: lo
subrayan los obispos de Uruguay en su “Declaración sobre la Eutanasia y
el Suicidio médicamente asistido” con el que pretenden contribuir al
debate público sobre una cuestión tan importante.
El texto fue presentado en la sede de la Conferencia episcopal de
Uruguay (CEU) por rl Secretario General y Portavoz de la CEU, Mons.
Milton Tróccoli, Obispo de Maldonado-Punta del Este- Minas y Mons. Pablo
Jourdan, Obispo auxiliar de Montevideo, quién es doctos en Medicina.
Los obispos en el texto aseguran que “no es éticamente aceptable causar
la muerte de un enfermo, ni siquiera para evitarle el dolor y el
sufrimiento, aunque él lo pida expresamente. Ni el paciente, ni el
personal sanitario, ni los familiares tienen la facultad de decidir o
provocar la muerte de una persona… esa acción constituye un género de
homicidio llevado a cabo en contexto clínico”. El documento además
subraya que no es “éticamente aceptable la obstinación terapéutica que
consiste en querer prolongar la vida del paciente a toda costa, sabiendo
que no se proporciona un beneficio al paciente”.
“Nuestra sociedad necesita apoyar las leyes que prevengan y desestimulen
cualquier género de eutanasia y suicidio asistido” pide la Conferencia
episcopal, explicando que “jurídicamente, un proyecto en favor de la
eutanasia y el suicidio médicamente asistido, implica cambiar el valor
absoluto de la vida humana y su carácter de derecho humano fundamental
indisponible e irrenunciable, contra la Constitución y los Derechos
Humanos”. e abre la puerta a una cadena de violaciones de la dignidad de
la persona humana cuando se pretende legalizar la eutanasia y la
asistencia al suicidio, mediante el uso de términos genéricos tales como
“sufrimientos insoportables” y cuando se los quiere justificar con
conceptos vagos como “autonomía absoluta”, “vida indigna de ser vivida” y
“muerte digna”. Ninguno de estos términos tienen interpretaciones
claras y unívocas, reitera el documento recordando que la experiencia en
otros países demuestra que terminan dando lugar a
diversos abusos.
Los obispos terminan la Declaración invocando al Altísimo para que
“ilumine a los representantes del Pueblo a fin de que legislen a la luz
de la dignidad de la persona y los Derechos Humanos” y “oriente y
fortalezca al personal de la salud, a las comunidades cristianas y a las
familias, para que cuiden y respeten el valor incondicional de las
personas que se acercan al final de la vida”.